El Gobierno consuma el cambio de normas de Costas que la Xunta ve como «un ataque» a empresas del mar
SOMOS MAR

Medio Ambiente da por hecho que muchas «terán que abandonar o litoral» porque perderán las concesiones
03 ago 2022 . Actualizado a las 16:17 h.El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de consumar los cambios en el Reglamento de Costas que la Xunta y la cadena mar-industria intentaron frenar, negociando y en los tribunales, porque, según la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda suponen «un ataque directo» contra esas empresas y «contra todos aqueles titulares de vivendas no litoral galego». Según la Xunta, afectaría a cerca de 4.000 edificaciones; entre ellas, 232 empresas, 59 lonjas, 24 depuradoras de mariscos y otras tantas gasolineras, 11 mercados municipales y 10 centros de salud.
Pedir nuevas concesiones
Teresa Ribera, titular de ese departamento estatal, firma este 2 de agosto una norma mediante la cual «establece de modo inequívoco que el plazo máximo de duración de las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre es de 75 años, incluyendo tanto el inicial como sus posibles prórrogas».
Abriendo la puerta «a que se pueda solicitar una nueva concesión», concreta que ese tope se aplica a proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros, obras que garanticen el uso público y la integridad del dominio público y cultivos marinos». Se limita a 50 años en instalaciones de servicio público «que requieran la ubicación del dominio público y 30 años para el resto de actividades e instalaciones».
Desde la consellería que dirige Ángeles Vázquez, interpretan que supone denegarle posibles prórrogas en las concesiones a las empresas «que non consigan demostrar que o único sitio para desenvolver a súa actividade é no dominio público marítimo-terrestre» y, en consecuencia, «perden todo o dereito a continuar coa súa actividade».
«Escenario preocupante»
Y para aquellas firmas que consigan probar que solo pueden existir en esos espacios, Medio Ambiente concluye que la concesión y la prórroga «non poderán superar os 30 anos». Se abre, prosigue, «un escenario preocupante» porque, afirma, «a práctica totalidade das instalacións industriais terán que abandonar o litoral galego porque xa rematou» ese plazo, como lo probaría que «a maioría están á espera de que o ministerio lles informe respecto da súa prórroga».
En cuanto a las nuevas concesiones, la Xunta entiende que «reduce o prazo de todas». Si la ley del 2013 subió de 30 a 75 años el límite concesional, a partir de ahora «todas as concesións que implican actividade económica ven recortado a 30 anos o dereito que lle garantía a permanencia de ata 55 anos».
Medio Ambiente se felicita porque su recurso ante el Constitucional significa que la nueva norma «non poderá estender a súa regulación restritiva ás prórrogas extraordinarias xa outorgadas» a las industrias del mar.
Viviendas
Datos difundidos por ese departamento autonómico indican que el nuevo reglamento afectaría a casi 2.700 edificaciones, de viviendas o de otra naturaleza. Según la Xunta, esas concesiones y las de actividades económicas anteriores a la Ley de Costas de 1988, «perderán todo o dereito á prórroga extraordinaria e automática». El decreto publicado este martes que en los terrenos clasificados como suelo urbano cuando entró en vigor esa ley «se respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas».
«Sen xustificación»
Para la consellería que preside Ángeles Vázquez, con esta norma, con la Ley de Cambio Climático y con el Plan Estratégico de Litoral, el Gobierno central «busca expulsar da nosa costa toda presenza de actividade social e económica sen xustificación técnica algunha».

La cadena mar-industria pide protección para su actividad en la costa
Las cuatro entidades que dan forma a la cadena mar-industria en Galicia (Agade, Anfaco, Apromar y el Clúster de Acuicultura) firmaron y entregaron una serie de consideraciones referidas al Plan estratégico nacional para la protección de la costa española considerando los efectos del cambio climático. Un documento de estas características, dicen las empresas gallegas, «debe constituirse en el elemento medular de la planificación de la costa española». Y entienden que el trabajo hasta ahora realizado por el Gobierno central «no va en la línea acertada para conseguir una estrategia de protección de la costa ante los efectos del cambio climático que sea efectiva, realista y aceptada socialmente».