El Gobierno consuma el cambio de normas de Costas que la Xunta ve como «un ataque» a empresas del mar
SOMOS MAR
Medio Ambiente da por hecho que muchas «terán que abandonar o litoral» porque perderán las concesiones
03 ago 2022 . Actualizado a las 16:17 h.El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de consumar los cambios en el Reglamento de Costas que la Xunta y la cadena mar-industria intentaron frenar, negociando y en los tribunales, porque, según la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda suponen «un ataque directo» contra esas empresas y «contra todos aqueles titulares de vivendas no litoral galego». Según la Xunta, afectaría a cerca de 4.000 edificaciones; entre ellas, 232 empresas, 59 lonjas, 24 depuradoras de mariscos y otras tantas gasolineras, 11 mercados municipales y 10 centros de salud.
Pedir nuevas concesiones
Teresa Ribera, titular de ese departamento estatal, firma este 2 de agosto una norma mediante la cual «establece de modo inequívoco que el plazo máximo de duración de las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre es de 75 años, incluyendo tanto el inicial como sus posibles prórrogas».
Abriendo la puerta «a que se pueda solicitar una nueva concesión», concreta que ese tope se aplica a proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros, obras que garanticen el uso público y la integridad del dominio público y cultivos marinos». Se limita a 50 años en instalaciones de servicio público «que requieran la ubicación del dominio público y 30 años para el resto de actividades e instalaciones».
Desde la consellería que dirige Ángeles Vázquez, interpretan que supone denegarle posibles prórrogas en las concesiones a las empresas «que non consigan demostrar que o único sitio para desenvolver a súa actividade é no dominio público marítimo-terrestre» y, en consecuencia, «perden todo o dereito a continuar coa súa actividade».
«Escenario preocupante»
Y para aquellas firmas que consigan probar que solo pueden existir en esos espacios, Medio Ambiente concluye que la concesión y la prórroga «non poderán superar os 30 anos». Se abre, prosigue, «un escenario preocupante» porque, afirma, «a práctica totalidade das instalacións industriais terán que abandonar o litoral galego porque xa rematou» ese plazo, como lo probaría que «a maioría están á espera de que o ministerio lles informe respecto da súa prórroga».
En cuanto a las nuevas concesiones, la Xunta entiende que «reduce o prazo de todas». Si la ley del 2013 subió de 30 a 75 años el límite concesional, a partir de ahora «todas as concesións que implican actividade económica ven recortado a 30 anos o dereito que lle garantía a permanencia de ata 55 anos».
Medio Ambiente se felicita porque su recurso ante el Constitucional significa que la nueva norma «non poderá estender a súa regulación restritiva ás prórrogas extraordinarias xa outorgadas» a las industrias del mar.
Viviendas
Datos difundidos por ese departamento autonómico indican que el nuevo reglamento afectaría a casi 2.700 edificaciones, de viviendas o de otra naturaleza. Según la Xunta, esas concesiones y las de actividades económicas anteriores a la Ley de Costas de 1988, «perderán todo o dereito á prórroga extraordinaria e automática». El decreto publicado este martes que en los terrenos clasificados como suelo urbano cuando entró en vigor esa ley «se respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas».
«Sen xustificación»
Para la consellería que preside Ángeles Vázquez, con esta norma, con la Ley de Cambio Climático y con el Plan Estratégico de Litoral, el Gobierno central «busca expulsar da nosa costa toda presenza de actividade social e económica sen xustificación técnica algunha».
