Teresa Ribera, a punto de perder el pulso con la industria del mar gallega
SOMOS MAR
El PSOE enmienda la Ley de Cambio Climático para excluir a estas empresas
09 sep 2020 . Actualizado a las 11:01 h.Sin hacer demasiados aspavientos, pues hasta mañana no vence el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso, pero la industria gallega del mar, esa que veía amenazada la duración de sus concesiones por un artículo -el 18- de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, da prácticamente por vencido el pulso con la vicepresidenta Teresa Ribera, que se empeña en dejar recogido en algún texto legal que los plazos de vigencia de los títulos de ocupación de dominio público marítimo-terrestre «se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas». Esta vez el intento se hizo a través del proyecto de ley que sienta las bases para afrontar el calentamiento global y sus consecuencias.
En ese empecinamiento -porque a juicio del sector no tiene otro nombre el hecho de que este sea el tercer intento de Transición Ecológica para corregir la Ley de Costas del 2013 que creó las prórrogas extraordinarias-, las empresas del mar gallegas veían peligrar su seguridad jurídica, al estar muchas de ellas próximas a agotar el tiempo de su concesión y quedar de esa manera sin opción a obtener una ampliación. De ahí que hayan suspirado de alivio primero, y mostrado su satisfacción después, al conocer que el PSOE había presentado una enmienda a la ley auspiciada por Teresa Ribera para especificar que de esa disposición quedan excluidas las industrias vinculadas a la pesca y a la acuicultura.
Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores (Agade) y uno de los miembros más activos de la plataforma de afectados, saludó el anuncio que la alcaldesa de Cambados, la socialista Fátima Abal, difundía ayer en las redes sociales, dando cuenta de la enmienda presentada en el Congreso y que se suma a la que ya realizaron en el mismo sentido por el BNG y el PNV.
En esa alegación, el PSOE plantea que queden exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 18 las concesiones vinculadas «al desarrollo de actividades de acuicultura, depuración de marisco, conserveras y cualquier otra relacionada con el sector mar-industria que tenga carácter sostenible». ¿Por qué? Por tratarse de actividades que no dañan el medio ambiente, vinculadas a la gestión de recursos naturales y que, por sus características, es necesario que se asienten en el borde marino y que deben diferenciarse «de otro tipo de ocupaciones del territorio mucho más agresivas con el litoral», exponen los socialistas en la justificación de la enmienda. Hay quien en esa coletilla lee Ence y las ansias por dar cuerpo normativo a la interpretación de la Abogacía del Estado que deja sin efecto la prórroga concedida a la pastera.
La enmienda admite que en la redacción de ese apartado de la Ley de Cambio Climático «no se tienen en cuenta las peculiaridades de la costa gallega y la importancia socioeconómica del sector mar-industria, del que depende una parte importante de los municipios costeros y que sostiene miles de empleos» y recoge que «podría verse comprometido el desarrollo sostenible de la región» pues la industria «vería acortadas, cuando no finalizadas de forma inmediata sus concesiones».
Revuelta del municipalismo
Son, en definitiva, los argumentos repetidos por activa y por pasiva por el conglomerado del mar y que ahora el PSOE ha hecho suyos después de la revuelta de alcaldes y concejales en municipios gallegos altamente dependientes del sector, como es el caso de Cambados -cuya regidora no dudó en aplaudir el trabajo realizado-, O Grove, A Illa, Cee, Camariñas, Muxía y Carnota.
La prueba de que el sector, cuando se une, tiene una «fuerza imparable»
No quieren hacer demasiado alarde del logro ni hablar todavía de haber tumbado el artículo 18. Prefieren resaltar que se ha hecho prevalecer el «sentido común», permitiendo que las industrias sostenibles puedan seguir estando en la costa y sin obligarlas a desarrollar su actividad en polígonos industriales alejados de la ribera y poniendo en peligro su viabilidad. Pero tampoco quieren perder de vista que la enmienda del PSOE a su propia ley viene a demostrar que, «cuando toda la cadena alimentaria del mar se une, su fuerza es imparable», apuntan fuentes del colectivo de afectados.
Recuerdan esas voces que, en año y medio, este es ya el tercer intento que hace Transición Ecológica de acortar la duración de las concesiones en el litoral. Y todas, por así decirlo, por la puerta de atrás, a espaldas del sector. Se enteró de la primera tentativa cuando se dio de bruces en la página web del ministerio con un borrador para modificar el reglamento de la Ley de Costas, un texto que planteaba reducir a 15 años, en el mejor de los casos, la vigencia de las concesiones. Cayó aplastado por el millar largo de alegaciones presentadas. Pero Ribera volvió a la carga en una reunión del grupo de trabajo de gestión del litoral, que además endurecía los criterios de concesión. La presión política y social consiguió que se retirase la propuesta y arrancó a Ribera el compromiso de que no se modificaría la Ley de Costas sin contar con el sector. De ahí la sorpresa del colectivo al dar con el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático, que ahora también sucumbe.