El centro de investigación de política económica de Esade estima que la electricidad sería un 32 % más cara si ese mecanismo no se aplicase
02 feb 2023 . Actualizado a las 18:02 h.La aplicación del tope al gas para la generación de electricidad, vigente desde el pasado 15 de junio en el mercado ibérico que comparten España y Portugal, ha ahorrado unos 209 euros en la factura de la luz de los consumidores que tienen un contrato vinculado a la evolución de los precios mayoristas, es decir, los de mercado regulado (unos nueve millones de clientes). Es el cálculo realizado por EsadeEcPol, el centro de investigación de política económica de Esade, que estima que, sin ese mecanismo, que contiene el contagio de las cotizaciones del gas al precio de mercado, la electricidad hubiese sido un 31,8 % más cara. Además, según el instituto, el tope al gas ha contenido la inflación en 0,3 puntos. «España habría cerrado en el 8,7 % en lugar del 8,4 % (de inflación media anual», apunta el informe.
Sobre ello, los analistas de EsadeEcPol Ángel Martínez y Javier Martínez señalan que el mayor peso de la electricidad en el gasto de los hogares de ingresos bajos implica que «cualquier variación de su precio les afecte de forma desproporcionada». A esto se añade que buena parte de ese sector de la población está en el mercado regulado, ya que es uno de los requisitos para acceder a los descuentos del bono social eléctrico, que se otorga a las familias con rentas más bajas.
El centro de investigación de política económica de Esade también ha advertido de los efectos negativos de la aplicación de ese mecanismo. Frenó las escaladas de precios, pero también contribuyó a un mayor consumo de gas para la generación eléctrica en centrales de ciclo combinado, «con el consiguiente conflicto entre el objetivo de ahorro en la factura de los hogares y el de ahorro general en el consumo de gas para la economía española y europea».
La estimación de la institución académica también indica que, sin el mecanismo ibérico, el precio de la energía en España «habría sido ligeramente» superior al de Francia en «casi todo momento» desde mediados de septiembre, lo cual «sugiere» que la «elevada exportación» del 2022 podría deberse, en parte, «al menor precio de la electricidad en España gracias a la compensación pagada por los hogares» nacionales.
Este mecanismo limita el precio del gas que pueden incorporar en sus ofertas las centrales que usan el hidrocarburo para generar electricidad (ciclos combinados, pero también plantas de cogeneración). También afecta a las pocas plantas que aún producen con carbón. Ese tope está ahora establecido en 45 euros por megavatio hora. De este modo, se amortigua el impacto de las cotizaciones del gas sobre el precio final de la electricidad al por mayor y también reduce las ganancias del resto de tecnologías de generación, que hasta el 15 de junio se beneficiaban de los elevados costes del gas. ¿Por qué? Porque la tecnología más cara (la última en vender parte de su producción para garantizar el suministro eléctrico) es la que fija el precio que percibirán todas las demás. Y las imponen ese precio marginal suelen ser las que usan gas o carbón.
Pero que les impongan ese tope no quiere decir que esas plantas estén produciendo a pérdidas. Las centrales perciben una compensación por la diferencia entre el límite que tienen que implantar en sus ofertas y el precio al que han comprado el gas, un ajuste que abonan los consumidores finales que se benefician de esa medida. Es decir, los nueve millones que pagan la tarifa regulada y los de mercado libre que hayan firmado o renovado un contrato de suministro a partir del 26 de abril del año pasado.
La fuerte bajada de las cotizaciones internacional del hidrocarburo propició que esa compensación fuese negativa durante varias semanas de noviembre.
La Comisión Europea autorizó a España y a Portugal a poner en marcha este mecanismo de forma temporal: hasta el 30 de mayo próximo. Pero ambos países han solicitado ya una prórroga al menos hasta diciembre del 2024, pero la Comisión parece que solo está dispuesta a alargar la intervención hasta finales de este año.
