El Tribunal Supremo deja en el aire quién paga los descuentos del bono social eléctrico
ECONOMÍA
Anula el sistema actual por discriminatorio: solo lo financian algunas empresas del sector
09 feb 2022 . Actualizado a las 11:04 h.El Tribunal Supremo ha anulado el actual sistema de financiación del bono social eléctrico, un mecanismo implantado por el Ministerio para la Transición Ecológica que proporciona descuentos en la factura de la luz a un millón de hogares de rentas más bajas. El presupuesto anual ronda los 200 millones de euros, que asumen dos centenares de compañías comercializadoras de electricidad en proporción a su número de clientes, aunque las cinco grandes —Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y TotalEnergies (que compró la cartera de clientes de EDP)— aportan el 88 %.
Y este es el reparto que ha anulado el Supremo porque «impone obligaciones de servicio público de forma no objetiva y discriminatoria» solo a determinadas empresas, algo que infringe una directiva europea. El tribunal estima así dos recursos contenciosos administrativos presentados por Viesgo e Iberdrola contra el real decreto 897/2017, de 6 de octubre, que, entre otras medidas, establece ese modo de financiación. Endesa presentó también el suyo, pero está pendiente de sentencia.
El fallo admite el argumento de las empresas de que el trato discriminatorio se produce porque la obligación de servicio público no se impone a todas las empresas eléctricas, sino exclusivamente a las matrices de los grupos de sociedades en los que se desarrolla la actividad de comercialización y a las empresas que, realizando esta actividad, no se integran en ningún grupo. Así, aunque el bono social solo lo pueden ofrecer las comercializadoras de mercado regulado —las cinco grandes, ya citadas—, también están obligadas a financiar los descuentos en las facturas el resto de las compañías que operan en el mercado libre. No sería discriminatorio si entrasen también en el reparto las empresas distribuidoras y de transporte de electricidad.
El Supremo obliga al Gobierno a devolver el dinero aportado por las compañías.
Es el tercer mecanismo de financiación del bono social que echa por tierra la Justicia y bajo el mismo argumento discriminatorio. El anterior reparto, sustituido por el actual, hacía recaer el coste solo entre las cinco grandes compañías del sector.
El Gobierno garantiza que los beneficiarios seguirán percibiendo el bono
El ministerio reaccionó a la sentencia garantizando que esta no afectará a los beneficiarios del bono social, «que seguirán percibiéndolo como hasta ahora». Aparte de calcular cuánto tendrá que devolverles a las compañías y quién asumirá ese gasto, Transición Ecológica avanzó que «trabajará sin precipitación para diseñar un nuevo régimen jurídico con todas las garantías».
