Estas son las recetas para la reforma de las pensiones

El Pacto de Toledo insta a revalorizar las prestaciones vinculándolas al IPC


redacción / la voz

La comisión del Pacto de Toledo celebró este martes sus bodas de plata (25 años) y lo hizo sellando un acuerdo rotundo sobre los pilares para la reforma de las pensiones. Tras casi cinco años de arduo trabajo, todas las fuerzas políticas, a excepción de Bildu, ERC y Vox, votaron a favor del borrador que incluye una veintena de directrices que servirán de guía para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Eso sobre el papel. «Esto continúa, es un punto de partida, no de llegada», advirtió ayer la presidenta de la Comisión, Magdalena Valerio. Y es que cada una de las recomendaciones deberá traducirse ahora en medidas legislativas, tantas veces pospuestas. El contexto apremia. España está inmersa en una crisis que amenaza con expulsar del mercado laboral a una masa ingente de trabajadores y que podría disparar de nuevo los niveles de pobreza. A eso hay que sumar que la generación del baby bum ya se encuentra a las puertas de la jubilación, haciendo peligrar las cuentas.

¿Sufrirán recortes las pensiones?

El Pacto de Toledo cree que no será necesario si se aplican a rajatabla sus recetas. Es más, los partidos han acordado dar marcha atrás en aspectos centrales de las reformas del 2011 y el 2013, que no cuentan con el consenso de la Comisión como fue la introducción de un complejo índice de revalorización que tiró de las pensiones a la baja en relación con la evolución de los precios. La recomendación del Pacto de Toledo es que la evolución de las pensiones esté vinculada al IPC para que no vuelvan a perder poder adquisitivo. Esta propuesta, refrendada por la mayoría, camina en dirección contraria a lo recomendado en los últimos años por la Comisión Europea, que lanza de forma intermitente llamadas para evitar que se siga erosionando el sistema. Bruselas cree que hay otras maneras técnicamente más efectivas para garantizar pensiones dignas y eso pasa por acometer cambios estructurales en el mercado laboral. No es un problema de gasto. De hecho, España apenas invierte el equivalente al 12,6 % del PIB en estas prestaciones, por detrás de otros países como Italia (15,8 %), Francia (14,9 %),Grecia (15,7 %) o Portugal (13,9 %).

¿Cuál será el umbral legal para jubilarse?

A pesar de las reticencias de algunas fuerzas políticas, ayer se zanjó la disputa sobre la edad legal de jubilación. El umbral se ajustará todo lo posible en función de la esperanza de vida. La idea es que los españoles se vayan retirando de forma progresiva a los 67 años (2027). Hoy la edad legal está en los 65 años y 10 meses. Para conseguirlo, el Pacto de Toledo pide al Ejecutivo que acuerde con los agentes sociales incentivos para extender la vida laboral, pero no detalla en qué consistirían esos alicientes. Es más, sugieren «preservar y mejorar» las pensiones mínimas, un movimiento que podría restar atractivo a prolongar la carrera de cotización. Los partidos que se han abstenido anuncian que presentarán propuestas para equiparar las pensiones más bajas al 60 % del salario mínimo (SMI).

¿Cómo se calculará la cuantía de la prestación?

Para poder acceder a una pensión contributiva será necesario haber cotizado un mínimo de 15 años, aunque se irá ampliando a los 25 años el tramo para calcular la base reguladora. Eso sí, para evitar situaciones sangrantes como las que se dieron en la última crisis, cuando un gran número de trabajadores de más de 50 años vieron lastradas sus pensiones porque se quedaron sin trabajo y sin opciones de encontrar un nuevo empleo, la Comisión sugiere que se puedan tomar como referencia los 25 mejores años de cotización para calcular la futura pensión. También se insta al Ejecutivo a analizar en el plazo de tres meses el impacto que tendría esta medida en los trabajadores con largas carreras de cotización que sufren podas en sus pensiones al aplicarles coeficientes reductores.

¿Qué pensiones recibirán los autónomos?

Otro de los cambios que exige el documento del acuerdo tiene que ver con las pensiones de los autónomos. Es «indispensable» que se adecúe la base de cotización de cada profesional (lo que paga a la Seguridad Social) a los rendimientos de su actividad (ingresos), ya sea para los trabajadores por cuenta ajena o propia. Y es que, como señalaron durante el debate «a iguales derechos, iguales obligaciones» y viceversa.

Eso sí, cualquier cambio deberá ser consensuado con los agentes sociales, tanto patronales como sindicatos, un requisito que pusieron los diputados populares sobre la mesa.

Un agujero de 16.000 millones al año en la hucha de los trabajadores

Los sucesivos Gobiernos de España se han apoyando desde los años noventa en la hucha de las pensiones para subsanar problemas estructurales y gastos dispares que debían sufragarse con otras partidas. Un «saqueo», según lo calificó el grupo ERC, que podría tener los días contados si finalmente el Ejecutivo legisla para acabar con esta anomalía que preocupa a todos los partidos.

El acuerdo en el seno del Pacto de Toledo insta a separar las fuentes de financiación de las prestaciones sociales generales de forma que las cotizaciones de los trabajadores se destinen exclusivamente al pago de las pensiones contributivas. ¿Qué hay de las prestaciones no contributivas u otras partidas de gasto social como la renta básica? Deberán beber de otras fuentes como los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Esto quiere decir que las derramas en las que incurra el Estado para poder cubrir gastos imprevistos, nuevas ayudas o agujeros estructurales derivados de una mala gestión política no podrán ser sufragados con las aportaciones que hacen los trabajadores a la hucha de las pensiones. Una hucha que acumula cada año un déficit de 16.000 millones de euros, según cálculos de los expertos, por los gastos impropios (23.000 millones) en los que incurre el Estado a su costa. Una situación que llevó al Tribunal de Cuentas a pedir cambios y reparar ese perjuicio. La hemorragia no se cortará de golpe porque los diputados han acordado extender hasta el 2023 el plazo para hacerlo efectivo.

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