El Poder Judicial tiene un convenio con el centro de estudios de la patronal bancaria
ECONOMÍA
Jueces de la sala del Supremo que vio el impuesto cobraron por participar en actividades
12 nov 2018 . Actualizado a las 14:51 h.El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, firmó el 6 de marzo del 2017 un convenio con el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), instituto docente que depende de la Fundación de la Asociación Española de la Banca. Este colectivo ejerce de patronal de las principales entidades financieras del país desde que nació, en 1977, y ahora ha estado en el centro del debate por la polémica generada en la Sala Tercera del Supremo (de lo Contencioso-Administrativo) por la resolución del impuesto de las hipotecas. En resumen, el pleno de esa sala revocó el martes, por 15 votos a 13, la jurisprudencia sentada por un tribunal de esa misma sala en una sentencia firme que daba la razón a los clientes en detrimento de la banca. La patronal financiera salió victoriosa del envite, pero el Gobierno actuó solo un día después, en medio de un gran enfado social, para reformar una ley de hace 25 años a través de un real decreto y obligar a los bancos a pagar el tributo.
Cinco páginas
El acuerdo de colaboración entre el Poder Judicial y el Cunef fue rubricado por Lesmes y el director general del centro, Pablo Vázquez Vega, expresidente de Renfe entre el 2014 y el 2016. Según el mismo, el CGPJ ostenta la «exclusiva competencia» en materia de formación inicial y continuada de jueces y magistrados en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y ese marco legal permite la colaboración con entes públicos y privados. En el caso de Cunef, se trata de un centro de enseñanza superior adscrito a la Universidad Complutense de Madrid que trata de contribuir, a través de la formación y la investigación universitarias, «a formar y capacitar a los profesionales que liderarán los desafíos directivos e institucionales en el entorno empresarial, jurídico y financiero».
El convenio tiene una duración de 2 años -está en vigor- y va dirigido a la formación especializada de jueces. La instrucción se centra en áreas del derecho con contenido económico que responden a las necesidades específicas de los miembros de la carrera judicial «en cada momento». Así, en marzo el Cunef acogió un curso dirigido a 30 jueces y magistrados sobre contratos bancarios y cláusulas habituales, en el que se analizó la idoneidad por tipo de cliente, la normativa de transparencia y la protección de la clientela. Se hizo especial referencia a determinados contratos que afectan al riesgo de tipo de interés, los contratos en divisas y la hipoteca inversa. Esta actividad formativa «no implica asunción de obligaciones económicas para las partes» y cualquier acción formativa que represente coste deberá estar presupuestada y aprobada por los órganos competentes de cada una de las instituciones. Una comisión mixta vela por el cumplimiento del pacto y se reúne una vez al año. Se desconoce quién integra esa comisión por parte del Consejo, pero según el portal de transparencia el centro de la banca ha dejado su impronta entre altos cargos de la magistratura. En concreto en la Sala Tercera del Supremo, cuyo pleno resolvió el litigio hipotecario debido a la «repercusión económica y social» para las entidades financieras, justificó el presidente de la Sala Luis María Díez-Picazo.
Tres profesores y un ponente
Hasta 4 magistrados de esa sala han participado en alguna actividad retribuida del Cunef en los últimos años. Una circunstancia que plantea el interrogante sobre un posible conflicto de intereses. Lo hicieron después de que la Comisión Permanente del Consejo, presidida por Lesmes, el mismo que firmó el convenio con la banca, autorizara su compatibilidad para la docencia siempre que no comprometa «su imparcialidad e independencia».
El primer nombre ya conocido es el de Díez-Picazo, que ordenó revisar el «giro radical» de la jurisprudencia dictado por sus compañeros. Fue profesor del Cunef hasta el año pasado. Lo mismo ha ocurrido con su colega Fernando Román, docente durante el curso 2017/2018, coincidiendo con su ascenso de la Audiencia Nacional al Supremo en enero. Román fue número dos de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia y es amigo íntimo de Lesmes, que se apartó en su elección por esa circunstancia. No obstante, Román obtuvo los 10 votos necesarios de los vocales del CGPJ nombrados por el PP. Los otros dos son Rafael Fernández Valverde, vocal del Consejo a propuesta del PP, que ejerce como profesor de Derecho en el Cunef, y José Antonio Montero, que en abril del 2016 fue autorizado para participar como ponente en unas jornadas sobre reformas tributarias. Fernández se ausentó del pleno de las hipotecas por un viaje.