El Gobierno no multará a los bancos que retrasen la devolución de las cláusulas suelo
ECONOMÍA
Asociaciones de consumidores denuncian la apatía de las entidades para resolver las reclamaciones
27 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La sentencia de la UE que tumba las cláusulas suelo en su integridad está propiciando un goteo incesante en las oficinas bancarias de clientes afectados, exigiendo la devolución del dinero cobrado de más durante años en sus préstamos hipotecarios. Las reclamaciones se están presentando desde finales de febrero al amparo de un real decreto aprobado por el Gobierno para priorizar la resolución extrajudicial de estos casos. Ya se han presentado en Galicia más de 20.000 peticiones en las sucursales, según los datos compilados en Banco Popular-Pastor, Sabadell Gallego y Caixa Rural Galega, junto a las estimaciones de organizaciones de consumidores para el resto de entidades.
En Galicia, solo el Santander evitó vender hipotecas con esa cláusula, que impide al fijar un tope que el cliente vea bajar su cuota mensual con la caída del euríbor. El Instituto Galego de Consumo de la Xunta ya había detectado este año un fuerte repunte de consultas de afectados. Un dato: 7.000 gallegos han descargado en su web el formulario estándar de reclamación.
Otra cosa es la respuesta que se está dando a esas solicitudes, que se rechazan en muchos casos alegando que el caso ya fue juzgado previamente en el 2013, que el crédito está vencido o que el préstamo no fue exactamente para una vivienda. Tampoco se están reintegrando las cantidades esperadas; hay casos en los que constan únicamente 15 o 20 euros de devolución, según han explicado algunos de los afectados.
Organizaciones de consumidores aseguran que los bancos están dando la espalda a esa mediación en las oficinas con los clientes, retrasando las respuestas o no indicando con claridad los cálculos para la devolución.
Comisión de seguimiento
Tampoco creen las organizaciones que la recién creada comisión de seguimiento ayude a acelerar ese procedimiento. Básicamente porque al final se reduce a ser un órgano de revisión, pero no de sanción. «Solo se va a limitar a informar sobre las irregularidades que puedan estar cometiendo las entidades, pero no podrá tomar medidas sancionadoras al respecto», apuntan desde la OCU. Un extremo, el de la ausencia de sanciones, confirmado ayer por el Ministerio de Economía. La OCU también censura que la comisión solo haga informes semestrales, «un período demasiado largo y poco efectivo».
¿Qué es exactamente esa comisión? En un decreto aprobado este viernes por el Gobierno se obliga a los bancos a remitir información sobre el proceso extrajudicial, algo a lo que hasta ahora han sido bastante reticentes: número de solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y aquellas en las que no ha sido posible llegar a tal pacto, así como los motivos. También deberán informar sobre el importe correspondiente a las solicitudes presentadas, así como el de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido (los afectados podían decidir dedicar ese dinero a amortizar la hipoteca). Con todos estos datos, la comisión de evaluación -con miembros del Banco de España, de los ministerios, de los consumidores y de la Justicia- publicará semestralmente un informe en el que se evaluará el grado de cumplimiento del mecanismo.
Un «monumental fracaso»
«Pese a que la lógica dictaba la necesidad de establecer medidas para la resolución extrajudicial del abuso de las cláusulas suelo después de innumerables pronunciamientos judiciales, el mecanismo ideado por el Ministerio de Economía ha demostrado ser un monumental fracaso», lamentan desde Adicae. Al final «la Justicia es la única garantía de obtener el total de lo que el banco cobró de más con las cláusulas suelo, ya que aunque las entidades han puesto en marcha sus sistemas para recibir las reclamaciones extrajudiciales, no hay constancia de que estén teniendo impacto real positivo, al ser muy pocas las soluciones aportadas a los afectados», lamentan desde Reclamador.
Los clientes que acudieron a las oficinas y que han recibido una negativa o una respuesta que nos les satisface tienen aún abierta la vía judicial, a través de las salas de primera instancia. Funcionarios judiciales temen un colapso porque no se han creado instancias específicas, como sí sucedió con las preferentes.