Industria pidió un informe a Competencia una semana antes de la subasta eléctrica

Una semana antes de que se celebrara la subasta de energía que acabó anulada tras apuntar un incremento del recibo de dos dígitos, el Gobierno ya había puesto la lupa sobre el sector eléctrico. Lo deja negro sobre blanco el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la resolución que invalida el resultado de la subasta y en la que informa que el día 11 pidió por escrito al presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) que realizase un informe en el que analizase los precios de la electricidad y el comportamiento de los agentes del mercado. Industria recurría al regulador dos días después de que el conocido como pool eléctrico marcase el precio más alto en más de once años, en lo que muchos anticipaban ya el tarifazo que se cocinaba.

¿Qué argumentos esgrime el Gobierno para anular la subida?

En su resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado, Industria recoge las «circunstancias atípicas» que rodearon la subasta del pasado jueves y que llevaron a tomar la decisión inaudita de no validar su resultado. Entre estas, se apunta a una oferta mucho menor de la esperada, inferior en un 11,5 % a la de otras subastas con un volumen semejante, lo que limita el margen de elección, así como a la retirada prematura de los agentes, de forma que en la séptima ronda la subasta ya había finalizado, cuando ninguna de las 24 anteriores había concluido antes de la ronda doce. A estos factores internos se suman otros como la reducida producción eólica durante las semanas previas a la subasta y la elevada indisponibilidad de centrales de generación, que dejaron inoperativos entre 6.000 y 8.000 megavatios, el doble que en el mismo mes del año anterior.

¿Cuál fue el efecto en el precio de la electricidad?

Competencia remarca en su informe preliminar, que ahora deberá desarrollar, que el precio base resultante de la subasta (61,8 euros por megavatio hora) es un 7 % superior al que fijaban los mercados el día anterior a la puja, el diferencial más alto de las últimas diez subastas, ya que en las anteriores no había superado nunca el 2 %. Además, el regulador recuerda que circunstancias extraordinarias como la reducida contribución de la eólica en diciembre no se repetirán en el primer trimestre del año, ya que son los meses de mayor producción eólica, por lo que entiende que las distorsiones que este factor introduce en el precio no se pueden repercutir en el recibo de los próximos meses.

¿Qué pasará ahora?

El presidente de la patronal eléctrica descartó ayer la interposición inmediata de recursos judiciales, pero no cerró la puerta a hacerlo en el futuro, cuando se conozcan los resultados del informe final de Competencia. De momento, el sector está expectante por conocer el nuevo sistema para la fijación de los precios ya que, insisten, todavía no tienen ninguna información al respecto y no saben si será una solución puntual para salir del paso de cara a la subida del recibo en enero o ya se instalará como fórmula definitiva de cálculo, un extremo que tampoco despejaron ayer en el Ministerio de Industria.

En cualquier caso, fuentes del sector apuntaban ayer que el actual sistema no gusta tampoco a las propias compañías, que tienen un escaso peso en la subasta que determina el precio (dominan los operadores financieros) y que aseguran haber transmitido ya en su momento a la extinta Comisión Nacional de la Energía sus alegaciones. Convencido de la nula responsabilidad de sus representadas, el presidente de Unesa presentó ayer un escrito ante la CNMC en el que pide que aclare qué comportamientos ilegales detecta y, de haberlos, identifique a «los sujetos a quienes se deban imputar», informa Europa Press. Opinión distinta tiene el colectivo Manos Limpias, que presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional contra las cinco grandes eléctricas, a las que acusa de maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

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