La alta dirección de la nueva caja única gallega no quiere iniciar su andadura enfrentada a los sindicatos. La semana pasada la reunión en la que debía comenzarse a negociar la presentación del expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a casi 1.200 trabajadores terminó con una espantada de los representantes laborales.
Se levantaron indignados con la incomparecencia de los directivos de las cajas y la única presencia de sus asesores legales (los bufetes Prada & Asociados y Sagardoy).
Ayer no hubo lugar a malas interpretaciones. Por la mañana, quienes se sentaron con los sindicatos fueron las dos máximas figuras de la fusión: el director general, José Luis Pego, y el director general adjunto, Javier García de Paredes.
Ambos se disculparon, acompañados por los responsables de recursos humanos, por el «malentendido» de la pasada semana y prometieron «cuidar al máximo» el diálogo y la transparencia en las futuras relaciones laborales. Explicaron además que el acuerdo con los sindicatos es considerado básico para el buen inicio de la entidad fusionada.
Los diez representantes de los sindicatos CC.?OO., CSICA, UGT, CIG y CGT aceptaron las disculpas y retomaron por la tarde las conversaciones. Fue una reunión de trámite, en la que los sindicatos insistieron en la necesidad de apuntalar las «garantías» para el personal que se prejubile y también para el que se quede en la nueva caja. Las centrales temen que los cambios fiscales y en la ley de pensiones previstos por el Gobierno empeoren las condiciones de los trabajadores.
Mientras, la CIG impugnó ante el Ministerio de Trabajo el período de consultas abierto para el ERE. Ayer, sindicatos y entidades decidieron seguir negociando el próximo día 25.