El informe cuestiona documentación presentada por el adjudicatario y su entrega fuera de plazo el 19 de febrero, seis meses más tarde de la fecha límite para hacerlo
16 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La interventora del Concello de Lalín, Eva Casal, cesó ayer en el cargo tras publicarse en el BOE el lunes la resolución del concurso estatal de provisión de plazas de habilitados nacionales. Pero antes de su marcha, el pasado miércoles firmó el informe solicitado en diciembre por el grupo municipal del PP sobre el grado de cumplimiento del contrato suscrito por el Concello con Miguel Diéguez y adjudicado en agosto del 2016, que incluía elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Y, como ocurrió cuando en otro informe calificó de «caótica» la organización municipal, matizado después por el regidor aunque finalmente sin que hubiese las anunciadas aclaraciones en pleno por parte de la interventora, en este segundo de «despedida» habla de incumplimientos.
Entre las conclusiones del informe figura que el abogado adjudicatario del contrato menor «incumpre claramente o prazo de execución», ya que tras ser adjudicado en agosto del 2016, «os traballos foron entregados en data 19 de febreiro do 2018» y se vulneró la normativa, pues no pueden durar más de un año ni ser objeto de prórroga. Deberían haberse aportado al Concello antes del 29 de agosto del 2017. Pero además muestra sus dudas sobre la decisión del gobierno local de recurrir a un contrato menor para la elaboración de una RPT por la complejidad de las tareas a realizar.
La interventora refleja también en el documento que figuran «aprobadas e pagadas polo Concello de Lalín un total de nove facturas (1.714,16 euros/mes) por un importe total de 15.427,44 euros» relacionadas con este contrato. Además -dice- constan tres facturas emitidas por el adjudicatario, de 21 de noviembre del 2017, «que a día de hoxe están pendentes de aprobación e pago». Facturas que se resalta en el informe «foron conformadas pola Alcaldía en novembro de 2017, mentras que os traballos foron entregados en data 19 de febreiro do 2018», incumpliendo «o principio de servicio realizado» ya que no constan entregas parciales previas antes de esa última fecha.
Respecto a la documentación entregada por el adjudicatario, para la interventora municipal, «constitúe un conxunto de documentos varios, algúns sen relación entre si que... non se corresponden cunha proposta de relación de postos de traballo, pois non figura entre a documentación aportada unha valoración de todos e cada un dos postos de traballo, nin contén as fichas de cada un dos traballadores, onde se definan as funcións a realizar por cada posto, elementos estes que constitúen contido fundamental da propia definición dunha RPT». Por ejemplo resalta que no figura un diagnóstico sobre el actual organigrama del personal del Concello a emplear como punto de partida para la reorganización de los recursos humanos, «tal e como esixe o acordo da xunta de goberno local polo que se aproba o expediente de contratación menor de servizos».
Grado de cumplimiento
Tampoco convence a la interventora que se recurriese a un contrato menor frente a uno administrativo, que hubiera definido con más claridad las prestaciones a realizar por el adjudicatario. Y no puede determinar su grado de cumplimiento: «Tendo en conta que no expediente de contrato menor non se formalizou documento contractual, resulta imposible determinar cal é o porcentaxe de execución do mesmo pois non se estableceu previsión de entregas parciais».
Tres facturas sin abonar del 2017 a falta del trabajo
Ya en el pleno del pasado febrero se había hablado de este contrato tras preguntar el portavoz del PP, José Crespo, por qué no se habían pagado tres facturas al adjudicatario. Figuran incluidas en el informe de Intervención de morosidad del cuarto trimestre del 2017. En esa sesión la interventora aseguró que había parado su pago porque no le constaba que estuviese entregado el trabajo sobre la RPT, por lo que iba a efectuar las oportunas comprobaciones sobre el cumplimiento del contrato. Suman en torno a 4.500 euros.
Reparos a los diecinueve escritos que registró el letrado sobre sus servicios prestados
El contrato sobre cuyo cumplimiento se acaba de pronunciar la interventora tenía un importe de 20.570 euros para la elaboración de una propuesta de reestructuración de la RPT del Concello y el Padroado Cultural, con una duración de un año. El PP pidió el 20 de diciembre el informe ahora emitido por la interventora, autorizado el 26 por decreto de la alcaldía y acceso a la información el 31 de enero. Entre la base documental empleada por Eva Casal figura un informe del asesor jurídico del Concello, sin poder contar con el del jefe de servicio de Personal por estar de baja médica. También resalta que falta el de Secretaría Xeral, pedido por el grupo popular.
En su informe la interventora deja constancia de que la tardanza en emitirlo se derivó «das dificultades atopadas á hora de recabar a documentación necesaria» y, en concreto, «ao feito de que a remisión dos traballos entregados á Intervención municipal tivo lugar o pasado día 19 de febreiro do 2018». Respecto al informe del asesor jurídico, resalta que el adjudicatario prestó servicios al Concello en asuntos judiciales pero que «se descoñece» nada sobre el contrato para la RPT.
El abogado adjudicatario incluyó hasta 19 documentos en la relación entregada el 19 de febrero. En su mayor parte encontraron reparos de la interventora, desde carecer de fundamento a ser genéricos o relativos a recursos judiciales que entiende no entraban en el contrato. Pero sobre todo cuestiona doce de ellos por referirse a tareas que entran dentro de las funciones reservadas por ley a funcionarios públicos.