El Ayuntamiento de A Coruña declara la ruina de un edificio cada dos meses

David García A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

Muchas estructuras son focos de inseguridad, por lo que se acaban demoliendo

25 ago 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Deterioran la imagen del entorno, se convierten en focos de inseguridad y protagonizan tramitaciones administrativas tediosas. Las ruinas suponen un elemento que ejerce una influencia negativa sobre las zonas en las que se encuentran y centran una de las tareas que competen al área de Urbanismo.

En lo que va de mandato, algo más de tres años, el Ayuntamiento declaró 17 edificaciones como ruina, una gestión previa que en la mayoría de los casos acabó con la demolición de las estructuras. En el 2019 se realizó este trámite con un edificio de la calle Marconi, en Monte Alto, que poco más de un año después fue derribado por una excavadora.

El 2020 fue uno de los ejercicios de este mandato con mayor actividad en este sentido, ya que se declararon seis ruinas. Estaban en las calles Miramar Castrillón, San Luis (Os Mallos), Corrales (Monelos), Correlo (Feáns) y en la carretera de Mesoiro. A estos se suma uno en la travesía de San Andrés que conserva su fachada y que protagonizó uno de los incendios de mayor envergadura en un edificio de la ciudad en los últimos años. 

Incendios y okupas

El año pasado, el servicio municipal de Ruínas declaró 4 edificaciones en este estado: en Santa Lucía (Cuatro Caminos), O Birloque, Casablanca (As Xubias) y Puerto Rico (Os Mallos). Los edificios en estado ruinoso se convierten de manera recurrente en focos de inseguridad porque a menudo son utilizados para el trapicheo de drogas o son tomados por okupas que los convierten en sus residencias temporales, una práctica que genera riesgos debido a las condiciones en las que se habitan. Un ejemplo claro es el número 25 de la calle Puerto Rico, que sufrió varios incendios, el último en marzo del 2021. Una okupa tuvo que ser trasladada al hospital por inhalación de humo en uno de los múltiples episodios de las quejas vecinales por este lugar, del que denunciaban agresiones y venta de drogas. La edificación se encuentra pendiente de reiniciar la ejecución subsidiaria para su demolición.

En lo que va de año son seis las edificaciones declaradas como ruinas por el Ayuntamiento y con un objetivo común. Todas ellas se encuentran en el lugar de Agra de Montes y cinco ya fueron demolidas, mientras que la sexta está a la espera porque la orden de derribo fue recurrida.

Los vecinos de O Castrillón denunciaron durante años que estas infraviviendas, en muchos casos prácticamente ocultas entre la maleza que se fue apropiando del descampado en el que se encontraban, se convirtieron en un foco de delincuencia. El trapicheo de drogas era el principal problema, pero también se producían enfrentamientos y los vecinos evitaban acercarse a este punto cuando caía la noche. 

Plan contra las infraviviendas

La actuación municipal responde a un plan para tratar de erradicar aquellas infraviviendas que son utilizadas por okupas o para el trapicheo de drogas, ya que son dos cuestiones que habitualmente llevan asociados hurtos y peleas. La demolición de estas edificaciones fue en abril, tres meses después de que se acabase con las ruinas con peor fama de la ciudad, las casas de San José, conocidas por ser uno de los principales supermercados de la droga tras la desaparición de Penamoa.

La calle Santa Lucía lleva 10 meses cerrada al tráfico por un inmueble ruinoso

Los bomberos tuvieron que acudir el 24 de octubre del año pasado a la calle Santa Lucía porque se habían desprendido la protección y un trozo de la fachada del edificio ubicado en el número 8. El suceso obligó a cortar esta calle de la zona de Cuatro Caminos al tráfico y diez meses después solo se puede transitar a pie por la acera más alejada de los edificios. El Ayuntamiento remitió a la Xunta a finales de junio el proyecto de demolición que ejecutará de manera subsidiaria ante la falta de respuesta por parte de la propiedad. El inmueble se encuentra en el recorrido del Camino de Santiago en la ciudad y por esa razón necesita el informe de Patrimonio, aunque la Xunta recordó que el Ayuntamiento tiene «competencia» para actuar en los «casos de emerxencia».

Su demolición, una vez que se confirme, será el final a un proceso de varios años de duración que arrancó en el 2018, que fue cuando se declaró su ruina física —cuando presenta un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales fundamentales—. Tras ese trámite se requirió a los propietarios para que los ocupantes desalojasen el inmueble y para que se procediese a su rehabilitación integral para paliar las carencias que se habían certificado.

Lejos de cumplir con la solicitud, no se llevó a cabo ninguna mejora. Un mes después de los desprendimientos se declaró la ruina inminente, que es cuando existe urgencia y peligro. El Ayuntamiento impuso a los propietarios diversas sanciones que suman más de 16.000 euros, y el proyecto para su demolición está valorado en 147.157 euros. Los trabajos no afectarán a la fachada, que será rehabilitada.