Caen las casas de San José, un supermercado de la droga en A Coruña
A CORUÑA CIUDAD
Los últimos ocupantes desalojaron a primera hora de la mañana en presencia de la Policía Local. Habían exigido sin éxito una vivienda municipal al Ayuntamiento
11 ene 2022 . Actualizado a las 09:42 h.El supermercado de venta de drogas que durante años funcionó en las ruinosas casas de San José, en la coruñesa avenida de Fisterra, es historia. Los últimos ocupantes desalojaron el recinto por la mañana, y poco después arrancó la demolición ordenada por el Ayuntamiento de A Coruña. El objetivo del gobierno local es ampliar el ancho de la avenida y mejorar la seguridad vial. Lo ocurrido tiene similitudes a menor escala con el fin del poblado de Penamoa, el gran punto de venta de drogas del noroeste español, que desapareció con la obra de la tercera ronda.
Pero su aplanamiento no supuso el fin del tráfico y consumo de estupefacientes. De hecho se trasladó a otros puntos, como San José, y todo indica que ahora los responsables de la actividad ilegal se mudarán a otro espacio que les sirva para continuar con su sórdido negocio, porque la demanda sigue existiendo.
El desalojo de San José se produjo a primera hora de la mañana. La Policía Local desplegó hasta tres vehículos en la zona. El dispositivo no solo tenía el objetivo de facilitar la evacuación, sino también de revisar las viviendas y garantizar la seguridad del tráfico en un tramo complicado, ya que las casas ruinosas dan directamente a la calzada y hay circulación de vehículos pesados.
La operación se desarrolló sin incidentes. El último grupo de ocupantes se marchó sin resistencia, como estaba previsto, y se llevaron consigo numerosos enseres domésticos. Cerca de una hora después, hacia las 11, incluso uno de ellos regresó para recoger una jaula con un pajarillo.
El paisaje después del desalojo daba una idea de la intensa actividad de tráfico y consumo de estupefacientes que se había dado durante años en las casas ruinosas.
Las dos chabolas para drogarse
En el recinto había dos chabolas levantadas con vallas de obra y distintos materiales. Todo indica que una de ellas, en la que había dos filas de butacas y numerosas bolsitas, era utilizada para consumir drogas. En la otra había un colchón y también restos de consumo. Ambas construcciones son típicas de los puntos de venta de estupefacientes, en los que suele haber un espacio resguardado para que los compradores se droguen en el mismo lugar y no salgan con la mercancía.
Otros tienen que hacerlo en sitios más expuestos. En San José había decenas de jeringuillas, bolsitas y otros útiles para consumir entre los desperdicios que se acumulaban en las viejas casas en ruinas próximas al recinto.
Esos desechos también desaparecerán con la demolición, que arrancó poco después del mediodía con el derribo del muro principal que separaba la zona habitada de la avenida de Fisterra.
Pese a su tamaño, solo hicieron falta unos golpes con la pala excavadora para que se viniese abajo. Los trabajos continuaron por la tarde cuando los obreros contratados por el Ayuntamiento atacaron otras edificaciones.
Un largo proceso judicial
El derribo supuso la culminación de años de trabajo municipal, iniciado a raíz de las quejas y denuncias de los vecinos por los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas. La necesidad de actuar se hizo evidente en el 2018, cuando en una operación de la Policía Nacional fueron detenidos siete miembros de una misma familia, aunque en las casas solo se encontró una pequeña cantidad de estupefacientes.
Los incidentes continuaron. Un taxista fue acuchillado y golpeado en el 2019, tras llevar a una pareja a San José. Fue entonces, a fines del anterior mandato, cuando se dieron los primeros pasos. Los propietarios de las casas número 4, 6, 8, 20, 28, 30, 34 y 36 de la avenida comunicaron al Ayuntamiento su deseo de entregárselas. El anterior gobierno local de la Marea hizo una reserva de 157.000 euros en los presupuestos para ejecutar la expropiación.
Los trámites siguieron avanzado con el actual ejecutivo, liderado por Inés Rey (PSOE), pero se alargaron porque en las construcciones había ocupantes irregulares. En enero del 2021, el Ayuntamiento solicitó a la Justicia autorización para entrar en las viviendas y desalojar a los okupas. En la documentación judicial se menciona a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, todos mayores de edad y con apellidos coincidentes. La solicitud de desalojo incluía además a «cualesquiera otras personas ocupantes».
En un auto emitido el pasado 1 de diciembre, la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 autorizó al Ayuntamiento a entrar en el inmueble.
El auto recordaba que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había desestimado los recursos de los ocupantes al desalojo.
El TSXG señalaba en su resolución que el inmueble estaba en situación «ruinosa», que suponía «un riesgo tanto para la seguridad como para la salud pública», y señalaba que el Ayuntamiento tenía derecho a recuperarlo para ejecutar las obras previstas en el plan general del 2013.
El auto del Contencioso también se hace eco de los informes de la Policía Local que recogen la negativa de los ocupantes a desalojar el inmueble, por lo que sería necesaria la autorización judicial.
Además, señala la «exigencia» por parte de los inquilinos irregulares de que se les facilite «una alternativa habitacional». Acerca de esa petición, el TSXG consideró que «al estar ante una ocupación ilegal no se tiene un derecho subjetivo de realojo», y recordó que solo puede tener ese derecho «si gana una convocatoria de oferta de concurrencia competitiva». No era el caso y, atendiendo a la «situación ruinosa del inmueble y los informes policiales sobre la utilización del inmueble por diversas personas para el consumo de estupefacientes», se autorizó el desalojo ejecutado este lunes.
