Sacyr reclama 1,1 millones por la caída de tráfico en la AG-11 por la pandemia

Los presupuestos de la Xunta reservan casi 10,3 millones para el peaje en sombra


Ribeira / la voz

A finales de marzo, Sacyr, concesionaria de la autovía de Barbanza, era la primera empresa que solicitaba formalmente una compensación a la Administración autonómica por la caída de tráfico -y en consecuencia de ingresos- en la AG-11 durante el estado de alarma. En aquel momento, la reclamación no llevaba aparejada cifras porque aún estaba por ver cuánto durarían las restricciones a la movilidad, pero una vez finalizada la desescalada, la gestora de la arteria viaria barbanzana hizo números y demanda a la Consellería de Infraestruturas, titular de la carretera, el pago de algo más de 1,1 millones de euros por las pérdidas derivadas de la pandemia.

La AG-11 es una de las infraestructuras autonómicas en las que la Xunta abona a la gestora un canon en función del volumen de usuarios. Es lo que se conoce como peaje en sombra, y en él se escuda Sacyr para su reclamación. Vía real decreto, el Gobierno central abrió la puerta a compensar a la concesionarias de autopistas o autovías si el equilibrio económico-financiero de sus negocios se ve alterado por la pérdida de tráfico, y la empresa responsable de la autovía de Barbanza cuantificó el descenso del tránsito por la carretera en las primeras semanas del estado de alarma en un 91,8 %.

Los casi 10,3 millones reservados por la Administración autonómica en sus presupuestos de este año (10.299.773 euros, concretamente) para el peaje en sombra de la AG-11 no son suficientes, a juicio de la gestora, para garantizar el equilibrio económico-financiero de la concesión. Ya en marzo señalaba que el confinamiento supondría «un decremento sustancial de los ingresos previstos de la sociedad concesionaria que podría potencialmente poner en peligro sus obligaciones frente a terceros y financiadores».

Hasta el 2036

Finalmente, las pérdidas cuantificadas por el grupo Sacyr entre los meses de marzo a junio ascienden a 1.139.564,50 euros, y reclama a la Administración o bien el pago de esta compensación, o bien una ampliación del plazo de concesión -vigente según el contrato hasta el 2036-, que puede estirarse hasta un 15 % más según el decreto estatal como contrapartida por la caída de ingresos durante el estado de alarma.

En su día, la Abogacía del Estado emitió un informe en el que señalaba que las gestoras de autopistas y autovías no tenían derecho a compensación puesto que las carreteras permanecieron abiertas pese a las restricciones, pero el Ejecutivo central validó en mayo un segundo real decreto en el que establece que se compensará a las concesionarias cuando estas acrediten pérdidas y soliciten una indemnización.

A este tipo de demanda se han sumado también las gestoras de otros cuatro viales gallegos y, aunque no todos (la mayoría) cuantifican las pérdidas por el descenso en el volumen de tráfico debido a la pandemia, las primeras estimaciones de la Consellería de Infraestruturas apuntaban a que podrían tener que hacer frente al pago de hasta 2,5 millones por cada mes de restricciones. Los grupos que han planteado reclamaciones por las pérdidas son el tándem empresarial que lideran Copasa y Orbe en la gestión de la autovía do Salnés; Copasa y Extraco, en la de Ourense-Celanova; y el fondo británico Hermes e Iridium (ACS), para el vial Santiago-Brión; además de la concesionaria de la AP-53, que discurre entre Compostela y Dozón.

Por su parte, la Xunta de Galicia ha mostrado en diversas ocasiones y a través de distintos representantes su oposición a tener que pagar compensaciones por la caída de tráfico.

Un vial exento del pago del IBI pese a la reivindicación de los alcaldes barbanzanos

Aunque el tránsito por la autovía de Barbanza está libre de peajes para los usuarios, la Administración sí paga un canon en función del número de vehículos que circulan por ella cada año. A pesar de ello, la AG-11 está exenta del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI), una cuestión discutida por los alcaldes de la comarca y que les llevó a plantear una reivindicación hace dos años para que la concesionaria tributase en cada uno de los concellos por los que discurre el trazado la cuantía correspondiente.

Según la ley, no estarán sujetas al IBI «las carreteras, los caminos y demás vías terrestres y los bienes de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito». Sin embargo, la existencia del peaje en sombra es el origen de la discusión sobre si la AG-11 es realmente gratuita, como argumentaban los alcaldes. El regidor de Rianxo, Adolfo Muíños, era uno de los que hace dos años se mostraba dispuesto a valorar la posibilidad de plantear una reclamación en este sentido, pero finalmente la demanda ha quedado en agua de borrajas: «Hai sentenzas contrarias a este tipo de reclamacións e xuridicamente non parece viable».

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