El documento ha sido aprobado para uso interno en el territorio de la diócesis por decreto del obispo, monseñor Fernando García Cadiñanos, previa consulta con el consejo episcopal y la Comisión PROTEGE, por un período de tres años, permaneciendo abierto a la incorporación de la nueva legislación y normativa jurídica civil y eclesiástica que durante este período pudiera publicarse sobre la materia.
El documento se acompaña de un código de buenas prácticas, que pretende establecer pautas positivas en la organización y desarrollo de las actividades con menores y adolescentes de modo que la Iglesia se convierta en “ambiente sano” y “espacio seguro” del menor y de la persona vulnerable.
