La Inspección de Trabajo ve indicios de delito penal en la gestión del Grupo Marsans y remite el caso a la Fiscalía
ECONOMÍA
Entiende que puede haberse apropiado indebidamente de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social
19 ago 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La Inspección de Trabajo estima que la dirección del Grupo Marsans podría haber incurrido «en conductas ilícitas penales» en el período inmediatamente anterior a la solicitud del concurso de acreedores y la venta de la empresa. Así responde el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo a una reclamación presentada por la Federación de Transporte, Comunicaciones y Mar de UGT en representación de la plantilla.
Apunta el informe, recogido por el portal Hosteltur, que el conglomerado empresarial, en el período en el que aún estaba dirigido por el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio Gonzalo Pascual, podría haber incurrido en hasta tres delitos tipificados en el Código Penal.
El primero de ellos, contra los derechos de los trabajadores, toda vez que los representantes del departamento de recursos humanos de la empresa reconocieron ante el inspector «retrasos persistentes y continuados» en el abono de los sueldos a partir de noviembre del 2009, así como el impago completo de la nómina de junio y la paga extra.
Falta de ocupación
Entraría también dentro de este supuesto la falta de «ocupación efectiva» de los 1.400 empleados del grupo, antes de que estos se acogieran a un expediente de regulación de empleo a finales de julio. Reprocha en este punto Trabajo que la empresa no realizará ninguna «gestión dirigida al mantenimiento de la actividad laboral», después de que la IATA prohibiera a Marsans a finales de abril vender billetes de avión.
Además de este, la Inspección ve indicios de un presunto delito contra la Seguridad Social, por la deuda adquirida con este organismo, al que dejó de abonar las cuotas empresariales en noviembre del año pasado. En el caso de las cuotas de los trabajadores, entiende el inspector que se podría haber incurrido en apropiación indebida, penada con hasta seis años de cárcel, puesto que a pesar de dejar de abonarlas a la Seguridad Social desde marzo, siguió reteniendo el importe de las nóminas.
Para determinar las responsabilidades penales, la Inspección ha remitido la documentación a la Fiscalía, para que sea esta la que determine si ve indicios de delito y formalice una acusación que, según Trabajo, podría hacerse extensiva a los actuales propietarios de Marsans si se demuestra que mantuvieron las condiciones abusivas tras el traspaso del grupo.
Gestión «en tela de juicio»
Tras conocer el contenido del informe de la Inspección, UGT subrayó en un comunicado que la integridad en la gestión del grupo por parte de sus anteriores dueños, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, «está ahora más que nunca en tela de juicio»