Los peticionarios de la renta de integración social han aumentado un 24% en un año a causa de la crisis
ECONOMÍA
La finalización del subsidio por desempleo de personas que hasta hace poco cobraban el paro ha disparado en un 24,5% los demandantes de la renta de integración social de Galicia (risga), según datos de la Consellería de Traballo e Benestar. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado año, 6.497 personas percibieron esta prestación, dirigida a las más desfavorecidas, con un desembolso por parte de la Administración autonómica superior a 21 millones de euros.
En agosto pasado había 4.675 gallegos que cobraban la risga, de lo que se deduce que 1.822 personas se han subido al carro de esta prestación en los últimos cuatro meses. Este febrero, la Xunta disponía de más de 2.000 solicitudes.
La cuantía media destinada a garantizar recursos de subsistencia está dotada con 378 euros. En los últimos doce meses la Xunta registró 3.536 solicitudes, una cifra superior en un 24,5% a la del 2008, en que los demandantes fueron 2.668, lo que refleja la incidencia alcista de la recesión en los eslabones más débiles del tejido social.
La renta de integración social de Galicia se recibe bajo determinadas condiciones. Es obligatorio estar empadronado y tener residencia efectiva en cualquiera de los concellos gallegos por lo menos durante el año inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud.
Con todo, hay excepciones al requisito de un año de residencia si el solicitante procede de otra comunidad donde la estaba cobrando. También en el caso de las víctimas de violencia de género que cambien de domicilio por razones de seguridad; emigrantes retornados, cuando establezcan su residencia en Galicia, o nacidos en la comunidad que regresen para quedarse.
Los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar residencia legal en España. Los beneficiarios, en primera instancia, deben tener entre 25 y 65 años, aunque los mayores de 18 con discapacidad o que antes de cumplir la mayoría de edad estuviesen tutelados por la Xunta tendrán derecho a beneficiarse de la ayuda.
Los sindicatos advierten que es necesario aumentar la cuantía de la risga, porque Galicia es una de las comunidades con mayor riesgo de pobreza. Proponen equipararla al salario mínimo interprofesional, y modificar la normativa actual que, a su juicio, establece condiciones de acceso «excluíntes», por su incompatibilidad con otras pensiones o ayudas públicas.
El perfil dominante de los beneficiarios de la risga es el de una mujer entre 25 y 44 años, desempleada, con cargas familiares, que vive en zona urbana, en piso de alquiler o cedido, y en condiciones precarias.