El Estado asume parte del riesgo de los impagos a las empresas al reasegurar las operaciones de crédito
28 mar 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Garantizar el libre acceso a las actividades del sector servicios y eliminar los obstáculos administrativos que hoy tienen que sortear las empresas a la hora de ejercer dichas actividades es el objetivo de las reformas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para el sector terciario: un proyecto de ley para trasponer a España la Directiva de Servicios de la Unión Europea, que equivale a abrir este segmento al mercado único europeo, y un anteproyecto que introduce en 46 leyes nacionales los cambios imprescindibles para garantizar su aplicación a todas las áreas. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, espera que esas innovaciones creen 200.000 empleos, incrementen el PIB un 1,2% y se traduzcan en subidas cercanas al 1% en la productividad, el consumo y los salarios.
Las medidas deberían de suponer un balón de oxígeno para el sector, cuyas ventas cayeron en enero un 17,6% interanual, con una reducción de puestos de trabajo del 4,8%, según los datos publicados ayer por el INE.
La Directiva Europea de Servicios, que los Estados miembros deben incorporar antes de fin de año, pretende instaurar un mercado único. Para ello, hay que homogeneizar en un sentido liberalizador las veintisiete legislaciones nacionales y, no menos importante, derribar las barreras burocráticas que retrasan el desarrollo de actividades entre países. En España, el espíritu que impregna la reforma es la supresión de la obligatoriedad de recabar con carácter previo permisos innecesarios que retrasan el comienzo de la actividad. Se trata, en palabras de la vicepresidenta Fernández de la Vega, de eliminar «trabas anacrónicas» y superar la «tradición de pedir autorización para todo».
Por regla general, esos permisos se sustituirán por comunicación o declaración responsable que, después, podrá ser revisada por las autoridades. Eso, que en la práctica supone libertad de establecimiento y de prestación de servicios, será válido al cien por cien, por ejemplo, para las actividades industriales, el sector energético y las telecomunicaciones. Pero como en todo, hay excepciones: la Administración podrá exigir requisitos previos a la libre prestación de servicios cuando considere que está justificado por razones de salud pública, protección del medio ambiente u orden público.
Sencillez
El prestador de servicios se beneficiará de procedimientos más sencillos y libres de duplicidades a la hora de cumplir diligencias como la inscripción en registros o la apertura de nuevos establecimientos. La Administración pondrá a disposición de los ciudadanos una ventanilla única donde podrá realizar todos esos trámites -ya sean europeos, nacionales, autonómicos o locales- al objeto de poder desarrollar la actividad en cualquier país europeo.
Colegios profesionales
La llamada ley ómnibus introduce cambios en el sistema español de colegios profesionales. Sin pretender una modificación total de la regulación de estos organismos, los cambios son lo suficientemente profundos como para eliminar funciones como la de fijar baremos orientativos de precios y honorarios. También serán suprimidos los obstáculos al ejercicio simultáneo de dos o más profesiones
El Ejecutivo dio también luz verde a un real decreto que favorecer el acceso de las empresas a los seguros de crédito y caución, que en tiempos de crisis y de impagos aseguran a las compañías el cobro del dinero correspondiente a las deudas de las que son acreedoras. El Consorcio de Compensación de Seguros firmará un convenio con la patronal del sector (Unespa) para que la entidad estatal asuma parte del riesgo relacionado con esas coberturas con unos 200 millones de euros.