Los agentes deberán sustituirlo por acoso, amenazas y coacciones en sus diligencias y escritos. Según el SUP es un intento de criminalizar todas las protestas
«Si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera», asegura su portavoz