El juez, que ha aumentado la fianza, los cita a declarar por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y administración desleal en las empresas de Nueva Rumasa.
El Tribunal declaró competente al juzgado de Barcelona competente en el proceso de venta de la compañía lo que confiere mayor seguridad a los trabajadores.
Argumentan que la familia se ha visto «obligada a vender» tras haber sido «apartada de la gestión de muchas de sus compañías, sin acceso a la información y privándole de toda capacidad de decisión».