El gobierno proyecta una rebaja de 750.000 euros, por lo que los empleados temen despidos en la plantilla de la firma concesionaria responsable del servicio
La jueza que investiga el supuesto fraude considera que desde su puesto «tendría conocimiento de la falta de legalidad» en los procedimientos para otorgar las subvenciones
El conflicto se desencadenó cuando la dirección presentó un Expediente de Regulación de Empleo que afectaba al 91 % de la plantilla y suponía el cierre del teatro durante dos meses