Hace unas semanas señalábamos que la primera tarea del nuevo Gobierno era transmitir a la sociedad la gravedad de la crisis (aunque hay colectivos que parecen creer que esto no va con ellos), siendo especialmente claro acerca de las graves consecuencias de no afrontarla cuanto antes de manera decidida. Después de concienciar a los ciudadanos (lo que parece haberse conseguido en buena medida), llegó el momento de plantear reformas profundas en frentes múltiples, para devolver la economía española a una senda de crecimiento sostenido.
El pasado día 10, el Gobierno anunció una amplia reforma del mercado de trabajo, la tercera en menos de dos meses. Las implicaciones son muchas y muy variadas: desde la generalización del contrato con indemnización de 33 días y desaparición del de 45, al abaratamiento y facilitación del despido y la desaparición de la autorización administrativa previa para despidos colectivos, la creación de un (impreciso) nuevo contrato indefinido para emprendedores, la priorización de los convenios de empresa, limitando la ultractividad, la facilitación de la capitalización de prestaciones y la creación de un fondo individual para la formación.
Una combinación de medidas que quizás sorprenda es la yuxtaposición de la reducción de costes de despido, con dos posibilidades (20 días para los procedentes y 33 para los improcedentes) y la eliminación del despido exprés, la posibilidad de evitar la judicialización de los despidos admitiendo su improcedencia y pagando 45 días con un tope de 42 mensualidades.
Si bien la reducción de costes es probable que incentive la contratación a medio plazo, es también muy posible que la recausalización incremente la incertidumbre sobre dichos costes en caso de despido de indefinidos. Es altamente probable que redunde en una menor predisposición de los empresarios a contratar indefinidamente, compensado, al menos en parte, el efecto positivo que tiene la reducción de costes.
No sabemos, aunque las sospechamos, las razones de este cambio ni cuál será el efecto final. Lo que sí sabemos es que hubiera sido mejor una solución intermedia, con menos incertidumbre. El contrato único con costes de despidos crecientes con la antigüedad (y posiblemente dos escalas de indemnización, para procedentes y para improcedentes), que un grupo de economistas propusimos en su momento, es un buen ejemplo de ello. Un contrato con poca incertidumbre y que, de paso, elimina la brecha entre temporales e indefinidos, que tanto mal ha acabado haciendo a este país en las últimas tres décadas.