Registran un despacho de abogados en Vigo dentro de una trama de fraude de más de 300 millones en el IVA de hidrocarburos
VIGO
La rama viguesa de la red investigada por la Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional favorecía presuntamente la creación de sociedades interpuestas al ejercer de facilitadores jurídicos aportando verosimilitud a la estafa
26 dic 2025 . Actualizado a las 14:50 h.La Agencia Tributaria desmanteló una red dedicada a defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos con implantación en todo el territorio nacional y una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024. Se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector. De esta forma, realizaron 18 entradas y registros en un despacho de abogados de Vigo, Madrid, Majadahonda y Humanes; Siero, Asturias; Zaragoza; Castejón del Puente, Huesca; Montoro y Lucena, en Córdoba; Marbella, Estepona y Mijas, en Málaga. En ellos, intervinieron un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.
Además, en el marco de esta operación, denominada Pamplinas Stars, y que contó con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, se arrestó a cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
El papel del despacho de abogados registrado en Vigo era similar al que realizaban otros gabinetes de letrados repartidos por España. Se encargaban, según la investigación, de favorecer las 38 sociedades interpuestas creadas por la trama ejerciendo de facilitadores jurídicos mediante documentación que aportaba verosimilitud a la estafa de fraude. Las mismas fuentes concretan que el despacho de Vigo en el punto de mira tenía un papel menor en el marco global de la trama desmantelada por la Audiencia Nacional.
Origen
La investigación de esta macrotrama n arrancó a mediados del 2024 cuando la Agencia Tributaria comenzó a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales del 2023. En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero del 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. De este modo, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.
Empresas instrumentales
Esta primera operadora habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado cantidades muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. En la investigación de la Agencia Tributaria se puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.
Una vez que la Agencia Tributaria dio de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados del 2024, la actividad defraudatoria continuó realizándose con una segunda operadora, que comenzó a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre del 2024; pero en apenas un mes la Agencia Tributaria también la dio de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado, según los investigadores, 123 millones de euros.
Finalmente, a mediados de diciembre del 2024 arrancó la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, estuvo vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta, la Agencia Tributaria también dio de baja esta operadora del Redef.
Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una «vasta y compleja» estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.
Testaferros
Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, al objeto de dar continuidad a la defraudación. En este sentido, la entidad terminó explicando que esta mecánica permitía un «rápido aumento» de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional, de forma que el impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.
En la operación, que prosigue con el análisis de documentación obtenida, participaron la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Área Regional de Inspección en Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditoría Informática, con el apoyo de las áreas regionales del SVA y las UAI de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid.