Galicia pide una mesa de diálogo para poner fin a la inseguridad jurídica en la costa
SOMOS MAR

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que cambia el cómputo de la prórroga extraordinaria causa todavía más desconcierto
21 may 2022 . Actualizado a las 04:47 h.Que no lleve a engaño la unanimidad con que ayer salieron adelante las proposiciones no de ley presentadas por los distintos grupos políticos con representación en el Parlamento de Galicia. La coincidencia solo se dio a la hora de levantar la mano para emitir el voto. El debate en la Comisión de Pesca fue un continuo fuego cruzado, con mucho recurso a la hemeroteca y reproches hacia la forma de gobernar de unos y de otros. Eso sí, a pesar de las puyas, PPdeG, PSdeG y BNG coincidieron en dos cosas: reclamar la sede del Instituto Español de Oceanografía (IEO) para Galicia y en la necesidad de poner fin a la inseguridad jurídica en que se encuentra la cadena mar-industria.
Todos los grupos apoyaron la moción del PPdeG de instar a la Xunta a demandar al Gobierno del Estado una mesa de diálogo entre ambas Administraciones para aclarando el alcance de normativa sobre los espacios costeros y poner así fin a la situación de inseguridad jurídica a la que el departamento de Costas somete a las empresas del mar en Galicia.
El portavoz popular, José Manuel Balseiro, agitó el fantasma del efecto contagio de lo ocurrido en el puerto de Cambados —donde Costas sugirió que tres depuradoras de marisco tendrían que abandonar la zona una vez finalizase su concesión— a los 79 concellos gallegos con litoral. La socialista Patricia Otero trató de desinflar la tesis popular señalando que el informe de Costas es idéntico a otro que se dictó en el 2013, con el PP en el Gobierno del Estado y en Cambados, cuyo alcalde no hizo nada entonces por solucionarlo. Y en medio del «clásico derbi» entre PPdeG y PSdeG, como definió Rosana Pérez al cruce de reproches, la nacionalista intervino para decir que «esto non ocorrería si Galicia tivera competencias propias sobre o seu litoral igual que as ten sobre os portos autonómicos».
Pero todos coincidieron en que es preciso poner fin al enredo normativo. Sobre todo ahora que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a pesar de que no sienta jurisprudencia, ha corregido el cómputo de Costas en el caso de una planta de Stolt Sea Farm y aplica la prórroga extraordinaria desde el momento en que se solicitó y no desde la fecha de la concesión original.
Sede del Instituto Español de Oceanografía
También hubo consenso a la hora de reclamar para Galicia la sede del Instituto Español de Oceanografía (IEO). Lo hicieron apoyando por unanimidad la moción del BNG y lo recalcaron sustentado la iniciativa del PPdeG. Porque aunque se debatieron conjuntamente, se votaron por separado. La nacionalista, además de reclamar la sede, instaba al Gobierno gallego a reclamar el traspaso de competencias de la gestión económico-administrativa de los centros que el IEO tiene en Galicia.

El TSXG tumba la tesis del Gobierno sobre las prórrogas en las concesiones marítimas
Stolt Sea Farm podrá seguir con su piscifactoría de Quilmas (O Pindo-Carnota) hasta el año 2069 gracias a una sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que falló a favor de la compañía y anula la primera prórroga en la concesión, que le había sido otorgada hasta el 5 de diciembre del 2029.
La resolución le corresponde a la Xunta de Galicia, pero esta ha de tener en cuenta el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Transición Ecológica. La compañía había solicitado la prórroga extraordinaria de la concesión por un plazo de 50 años. Sin embargo, la Consellería do Mar tuvo que tener en cuenta la postura del Ejecutivo central, que computa de forma retroactiva los plazos de prórroga al momento en que se otorgaron las concesiones, con lo que los períodos de tiempo resultantes quedan muy reducidos, a 5, 10 o 15 años. En el caso de Stolt Sea Farm, sería en el 2039, de aplicarse esta teoría, pero es que, además, se establecía una reducción de 10 años por estar ubicada en la ribera del mar, a pesar que las instalaciones piscícolas de Quilmas están fuera de la franja litoral marcada y solo las tuberías y desagües ocupan el espacio marítimo. Con lo que, finalmente, la prórroga extraordinaria se limitaba a diciembre del 2029.