Empresas del mar dicen que la directora de Costas no se ha leído su propio informe sobre el puerto de Cambados
SOMOS MAR
La Xunta denuncia las contradicciones del Gobierno central y exige que rectifique el documento
16 may 2022 . Actualizado a las 20:43 h.Ana Oroño, la directora general de la Costa y el Mar, pretendía tranquilizar a las empresas de la cadena mar-industria al asegurar que las tres depuradoras de Cambados, como todos aquellos negocios vinculados al mar, no tenían nada que temer acerca de su continuidad en terreno de dominio público marítimo-terrestre. Pero todo lo que ha conseguido es generar más inquietud y malestar entre los empresarios de la Confederación Mar-Industria y perplejidad en la Administración gallega.
Y es que las declaraciones de Oroño contradicen todo el informe emitido por su departamento en relación al plan especial del puerto de Cambados, que cita expresamente a esas tres depuradoras (Daporta, La Sirena y Veiro) como ejemplo de usos que «pueden tener otra ubicación fuera del dominio público, por lo que no procedería mantenerlos en la propuesta de ordenación de plan especial y convendría estudiar el traslado de dichas instalaciones al vencimiento del plazo del título de concesión vigente».
La cuestión quizá no sería tan inquietante si el informe no estuviese firmado por la misma Ana Oroño que ayer aseguraba no comprender el revuelo que se había armado en la localidad a cuenta del documento. Por eso las empresas del mar sostienen que no se ha leído el texto y que desde su departamento no se le ha informado bien.
Así que «lejos de transmitirnos la tan necesaria tranquilidad y seguridad jurídica, que unánimemente solicitaron al unísono las fuerzas políticas y sociales de Cambados, ha conseguido usted reafirmar que nuestros temores eran ciertos y conseguido sostener nuestra incertidumbre ante una carencia de líneas objetivas en la toma de decisiones de su departamento», apunta la confederación en un comunicado.
Rectificación
La contradicción tampoco se le ha escapado a la Consellería do Mar, que ha aprovechado la intervención de Oroño para pedir al Gobierno central que rectifique para «garantir o futuro das instalacións asentadas no porto». Porque, desde luego, el dictamen de la Administración, tal y como está redactado, «cuestiona a continuidade» no solo «destas instalacións», sino también de otras sociales en el puerto de Tragove, como son la plaza de abastos, el taller de carpintería y exposición de muebles, el centro de salud, la estación de autobuses y una mueblería.
Por eso entiende la Xunta que están en peligro negocios asentados en los 122 puertos autonómicos y conmina al Ejecutivo central que se abstenga de invadir «competencias exclusivas de Galicia», pues «pretende aplicar a Lei de Costas nos terreos portuarios ao consideralos dominio público marítimo-terrestre». La Xunta sostiene que eso atenta contra la Lei de Portos de Galicia —vigente desde el 2018—, del Estatuto de Autonomía de Galicia y de la propia Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP).
Por su parte, el alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago, expresó ayer que estas «confrontacións estériles son, xustamente o que non nos interesa. Temos que poñernos a traballar e remar xuntos. Parece que hai vías de solución abertas, traballemos nelas. Vexamos se entre todos podemos chegar a bo porto, e nunca mellor dito»
