Siete recursos defenderán a Ence ante el Tribunal Supremo y la Xunta explorará la vía urbanística

La batalla en torno al futuro de Ence en Pontevedra mantiene su pulso en dos vías distintas. Por un lado, están los recursos que se están presentando desde el pasado viernes para que el Tribunal Supremo ratifique la validez de la prórroga de la concesión de Costas para la pastera en Lourizán, autorización que fue revocada el pasado verano por la Audiencia Nacional. Por el otro, se encuentra el anuncio del conselleiro de Industria, Francisco Conde, tras reunirse ayer con los comités de empresa de fábrica y de oficinas, que explorará la vía urbanística dentro del ámbito administrativo para salvar la fábrica. Las dos opciones se prevén complejas y se da por cierto que la oposición a la continuidad de la factoría -Concello, APDR y Greenpeace- rechazarán cualquiera de las dos opciones.

En primer lugar, cabe señalar que el período para la presentación de recursos en casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional remata oficialmente hoy, aunque algunas fuentes señalan que puede darse un día de plazo como tiempo de gracia. Por ahora, solo se pueden recurrir las sentencias del Concello de Pontevedra y de Greenpeace, ya que la Audiencia Nacional no ha hecho público todavía su fallo sobre el proceso abierto por la APDR, aunque se sobreentiende que también será negativo a la concesión.

Sea como sea, se enumeran hasta siete posibles recursos a favor de la fábrica en cada procedimiento. Se trataría del que interpondrá la propia Ence; los comités de empresa de fábrica y de oficinas -uno cada uno-; la Autoridad Portuaria de Marín; una o más empresas del puerto vinculadas al tráfico de la pasta de papel; un recurso colectivo o varios individuales por parte de las empresas auxiliares dependientes de Ence; y por último uno más colectivo o varios separados por asociaciones y empresas del sector forestal gallego.

Estos recursos, una vez emitidos, serán examinados por el Supremo, que decidirá si los admite a trámite, todos, en parte o ninguno. Solo si pasan este filtro, los que lo hagan, podrá entrarse en el fondo de la cuestión, que es la validez o nulidad de la prórroga de la concesión otorgada por el Gobierno de Rajoy en el 2016. El Supremo puede tardar de uno a dos años en resolver. En caso de que no se admitiese a trámite ningún recurso, entonces la anulación de la prórroga sería firme y Ence se vería abocada al cierre en Lourizán.

Por su parte, el conselleiro de Industria se mostró partidario de un segundo campo de acción. Se trataría de darle un encaje urbanístico a Ence, aunque sería necesario, para su culminación, la colaboración de la Administración estatal. Se trataría de adscribir los terrenos del recinto industrial de Lourizán al ámbito competencial de la Autoridad Portuaria.

Consello Consultivo de Galicia

Para saber si esta vía es válida, desde el punto de vista jurídico, la Xunta pedirá un informe al Consello Consultivo de Galicia. Si la respuesta es afirmativa, Conde la enviará a Madrid. El titular autonómico instó al Ministerio de Transición Ecológica a aceptar esta posibilidad para solucionar el conflicto, ya que argumenta que no hay otra opción. «Non hai outra alternativa que non sexa manter a planta en Lourizán e por iso nós imos seguir insistindo en que o Goberno central se poida abrir a unha alternativa que a poida manter alí», insistió. El conselleiro recalcó la posición estratégica de la pasta de papel en los tráficos y su incidencia en la logística portuaria de Marín. Se trataría de hacer con Lourizán lo mismo que, por ejemplo, ha hecho el Puerto de Vigo con naves industriales en Cangas, Moaña y Vilaboa.

Si Ence se puede adscribir al Puerto de Marín, entonces quedaría exenta de la Ley de Costas y se le aplicaría otra legislación que, desde el punto de vista de la Xunta y de los comités de empresa, permitiría su continuidad en Pontevedra. Eso sí, siempre habría que contar con la colaboración de Madrid para lograrlo.

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