Galicia es como su costa: forjada en mil batallas, modelada por el mar y también resistente. Pero, por encima de todo, no admite que no se le cuente la verdad. Y el jueves, en este periódico, nos encontramos con un nuevo intento del Gobierno central de edulcorar la verdadera finalidad del artículo 18 de la Ley de Cambio Climático: reducir la duración de las concesiones que estaban otorgadas en nuestra costa y que han permitido el desarrollo económico de nuestra comunidad sin merma alguna de la protección ambiental.
El artículo de la ministra de Transición Ecológica es un paso más en el particular viacrucis del litoral gallego. Otra forma de demostrar que, en vez de apoyar nuestra costa, en vez de estar al lado de su gente, lo que hace es imponer su ideología a cualquier precio. Toda actividad costera permanente necesita una concesión regulada por una norma estatal, que solo otorga el Gobierno central, y la seguridad jurídica de su duración es un elemento esencial. Tras una legislación que permitía plazos muy amplios, la Ley de Costas de 1988 limitó el total a 30 años, prórrogas incluidas, por lo que todas debían extinguirse en el 2018.
Pero esa regulación dio lugar a enormes problemas, por lo que en el 2013 se modificó, entre otros aspectos, para ampliar el plazo, que pasó para las nuevas concesiones de 30 a 75 años, y para que las ya otorgadas pudieran solicitar una prórroga extraordinaria de hasta 75 años, a contar desde la petición.
El PSOE recurrió la ley del 2013, entre otros puntos, en el de la duración de dicha prórroga, por entender que si a las concesiones vigentes se les añadían 75 años más no se respetaba la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas ni se protegía la integridad del dominio público.
Pero el Tribunal Constitucional rechazó dicha alegación y, por lo tanto, señora ministra, falta a la verdad y al rigor cuando afirma que la reforma de nuestro litoral que hace la Ley de Costas del 2013 fue declarada inconstitucional. Es más, todo lo contrario: la opción de una prórroga de 75 años fue declarada constitucional.
A pesar de tener un marco legal claro, seguro, cierto y avalado por el Constitucional, la llegada del actual Gobierno central marca el inicio de un calvario para el litoral gallego. El ministerio prescinde de lo señalado por el Constitucional y de lo regulado por el legislador en el 2013, aportando solo una cosa: inseguridad.
El punto de partida de este viacrucis es un informe de los servicios jurídicos del Estado que vuelve a recoger la tesis rechazada por el Constitucional de que la literalidad de la ley del 2013 debe «reinterpretarse» a la luz de la Ley de Patrimonio del Estado, para poder concluir que ningún permiso vigente puede obtener una prórroga extraordinaria de hasta 75 años, sino que ese es el límite de la concesión más la prórroga.
Ese informe, único fundamento del camino legal que está siguiendo el ministerio, sirvió para que el Estado se allanase en el pleito de Ence y, asimismo, para iniciar la modificación de la normativa del litoral, del reglamento de la Ley de Costas.
Y ocurre que, además de apartarse de la literalidad de una norma avalada por el Constitucional, el fundamento de dicho informe es una transcripción errónea de un dictamen del Consejo de Estado, al omitir la parte que refrendaba la prórroga extraordinaria de las concesiones anteriores al 2013 y solo transcribir la relativa a la duración de las nuevas, las otorgadas a partir del 2013.
Como no podía ser de otro modo, desde Galicia trasladamos que esa reforma era ilegal, y que un reglamento no puede ir en contra de una ley avalada por el Constitucional. ¿Y qué ocurrió? El Gobierno central no tuvo más remedio que paralizar la modificación.
Pero si algo nos ha demostrado este Ejecutivo es su testarudez, que parece mayor cuando se trata de poner una cruz sobre nuestro litoral. Desde Madrid continúa buscando la forma de reducir la duración de las concesiones vigentes, de las que tuvieron su prórroga y de las que la han solicitado o quieren hacerlo. Y ahora lo intentan con una nueva herramienta: la Ley de Cambio Climático.
Por supuesto, en Galicia no dudamos de la necesidad de proteger el medio ambiente y el clima, pero sabemos que ese propósito debe buscarse por el camino de la constitucionalidad, la legalidad y la seguridad jurídica, y no a través de una norma retroactiva que vulnera la Constitución.
Precisamente porque la legalidad debe respetarse, insisto en que aquí nadie cuestiona que las nuevas concesiones tengan un límite de 75 años, dado que la ley del 2013 ya lo regula así y desde ese año, los que las solicitaron conocen esa duración. ¿Entonces alguien puede entender que se legisle para volver a decir lo que está dicho? No, y por lo tanto no se necesita el artículo 18.
Que su fin es afectar a las concesiones existentes, modificando una norma vigente para dar retroactividad a la tesis interpretativa del ministerio, no lo digo yo sin fundamento, lo dice el informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta, que se basa en lo señalado por un dictamen del Consejo de Estado. Un documento que le enviamos, señora ministra, y del que todavía no tenemos respuesta, como tampoco la tienen las empresas, edificaciones y familias que se verían afectadas por esta nueva norma.
Además, el informe también fundamenta la inseguridad jurídica del 18.3, y la imprecisa regulación de las condiciones para que un permiso no perjudique al litoral. Cuidar de que las concesiones eviten la regresión de la costa debe hacerse a través de reglas legales, seguras y ciertas. Y eso no está presente en la nueva Ley del Cambio Climático. Pedimos poco, señora ministra, pero suficiente. Que a la costa gallega se le diga la verdad, y no sea a través de Twitter o de un artículo, sino aplicando la Constitución y la ley. El litoral gallego no se merece el viacrucis, en forma de inseguridad jurídica, que está viviendo. Seguiremos luchando por ello hasta el final.