Diez mil kilómetros de litoral y un millón de kilómetros cuadrados de superficie marina hacen de costas y mares parte esencial de nuestra identidad como país. Nuestro litoral alberga ricos ecosistemas y bellos paisajes. Es, además, la franja territorial que soporta de manera directa la amenaza del cambio climático asociada a la acción del mar y, al mismo tiempo, espacio de actividad económica esencial.
Gestionarlo correctamente es imprescindible para amortiguar esos impactos, garantizando su supervivencia, de la que depende la riqueza que genera. Solo así podrá seguir siendo motor de la economía local, permitiendo desarrollar una amplia variedad de actividades económicas imposibles en otros lugares.
Esa es la realidad que pretende atender el artículo 18 del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Su objetivo no es otro que conseguir que la actividad que se asienta sobre los espacios costeros sea segura porque esos espacios son los amortiguadores de la variabilidad climática costera y en el contexto actual son una defensa más necesaria que nunca.
Por eso es imprescindible que la futura ley incorpore la variable climática a la planificación y gestión marítimo-terrestre. No puede obviarse, ni regularse de modo incompleto, inadecuado o ineficaz. No contribuyó a la regulación responsable que necesita nuestro litoral la reforma -declarada posteriormente inconstitucional- de la ley de Costas de 2013 y menos aún su reglamento de 2014. Abordar la reconsideración del régimen jurídico de la costa española es aún una tarea pendiente. Pero el artículo 18 del proyecto de ley que ahora se tramita solo pretende, como también se hace en materia de aguas, biodiversidad o puertos, tomar en consideración la exposición del litoral y de las actividades que tienen lugar sobre él a los efectos del cambio climático. Se pretende, con ella, asegurar su subsistencia, haciendo referencia a su régimen de ocupación y poniendo fin a las actuales disfuncionalidades e incoherencias. No se cuestiona el plazo máximo de 75 años, unas cinco generaciones, que se introdujo en el 2013 ya que, aunque muy largo, respeta la legislación básica de patrimonio y es coherente con otras normativas que regulan bienes de dominio público.
¿Acaso no es razonable que, a lo largo de su vigencia y transcurridos 75 años, el Estado pueda revisar las condiciones de otorgamiento de las concesiones en el Dominio Público Marítimo Terrestre estatal? Si en lugar de en la franja costera más próxima al mar, de propiedad del Estado, estuviéramos hablando de terrenos de propiedad privada, ¿alguien exigiría una ley que obligara a los arrendadores privados a permitir a sus arrendatarios permanecer más de 75 años en sus terrenos sin condiciones, sin revisiones ni reconsideraciones? Aún más, ¿se exigiría esto si además esos terrenos privados fueran los más amenazados por el mar de todo el territorio nacional? Pues eso es lo que inexplicablemente se está exigiendo al Estado atacando ese artículo de la futura ley de cambio climático.
En Galicia, la propia legislación de pesca gallega establece plazos muy inferiores para ciertas actividades económicas susceptibles de desarrollarse en el litoral. Plazos que, por ser más cortos, se acomodan perfectamente con los de ocupación del dominio público previstos en la legislación estatal de costas. La futura ley de cambio climático no perjudica a la industria del mar, tan importante en Galicia y con la que el Gobierno de España está totalmente comprometido.
El plazo de 75 años es notablemente superior al máximo previsto por la legislación autonómica para autorizar la actividad industrial, transcurridos esos 75 años, siempre puede solicitarse una nueva concesión.
Desde que soy ministra, se han otorgado decenas de nuevas concesiones y de prórrogas de concesiones ya existentes. En algún caso, incluso ha sido necesario buscar fórmulas jurídicamente complejas para posibilitar ese otorgamiento. No se han escatimado esfuerzos y los empresarios afectados lo saben. Solo me consta una denegación, y fue de la Xunta de Galicia. Cuestión distinta es la relativa a la factoría de ENCE en Pontevedra, que dispone de una prórroga vigente, pero recurrida judicialmente y pendiente de pronunciamiento. Pronunciamiento que todos habremos de acatar llegado el momento y, en función de su contenido, al que nadie debe anticiparse, todos habremos de estar dispuestos a arrimar el hombro para proteger a los trabajadores garantizando su bienestar.
Galicia y el mar están indisolublemente unidos. Garantizar ese vínculo está en nuestras manos. La gente del mar necesita un marco de seguridad para su modo de vida y eso es lo que pretende el artículo 18 del proyecto de ley de cambio climático, en Galicia y en el resto de España. La preservación de nuestra costa y la seguridad en su utilización son necesarias para que la gente del mar siga viviendo de los bienes y servicios que el mar proporciona. Ese artículo 18 no solo no pone en peligro un modo de vida, sino que lo garantiza. Se seguirá trabajando en la costa, en cada lugar en función de su naturaleza y características propias porque la vida ligada al mar siempre se abrirá camino y los poderes públicos tenemos que posibilitarla, garantizarla y protegerla.
Esa es la mejor garantía de continuidad de nuestra antigua y consolidada relación con la costa, en todos los lugares y desde toda perspectiva, ya sea como ciudadanos que la disfrutan, como empresarios que fundamentan su prosperidad en la plenitud ambiental del litoral y en la seguridad de sus industrias, como trabajadores que quieren certeza para ellos y sus familias, o como gestores públicos que, desde la necesaria honestidad en los planteamientos, estamos comprometidos con el medio ambiente y con las personas. Y desde ninguno de esos puntos de vista es discutible el proyecto, más bien al contrario. Ahí debemos encontrarnos, abandonando definitivamente debates estériles, anacrónicos, interesados e, incluso, irresponsables.