Bruselas cursa una petición para vetar el comercio de aletas de tiburón
SOMOS MAR
En principio, afectaría a las extremidades que no llegasen adheridas al cuerpo
19 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Todavía sin cerrar el flanco de las cuotas, a la pesca gallega ya se le había abierto otro frente con epicentro en el mismo sitio: Bruselas. El martes, en plena batalla de los ministros de Agricultura y Pesca de los Veintiocho peleando por las posibilidades de captura en el Atlántico para el 2020, la Comisión Europea decidía dar curso a la iniciativa ciudadana titulada Stop finning?Stop the trade, con la que se persigue poner fin al comercio de aletas de tiburón y de raya en la UE, incluida la importación, la exportación y el tránsito de esa mercancía.
La flota recela, porque la legislación la carga el diablo, aunque, en principio, se ve a salvo de esta nueva medida conservacionista. Y es que, en principio, esa prohibición afectaría a las transacciones de aquellas extremidades que no lleguen naturalmente adheridas al cuerpo del animal, algo que la flota comunitaria, básicamente gallega, no puede hacer de otro modo, obligada como está desde hace años por ley a desembarcar el animal entero.
Los promotores de la iniciativa hacen hincapié en que la UE se encuentra entre los mayores exportadores de aleta y es un importante nudo de tránsito para el comercio global de este producto, por lo que reclaman extender la normativa actual y cerrar las puertas a cualquier extremidad de tiburón que no llegue acompañada del resto del escualo. Resto porque, precisamente, hay flotas que solo aprovechan la aleta y descartan el cuerpo, esa práctica que se denomina finning, que en Europa está prohibida y que la flota gallega no hacía siquiera antes del veto, porque tiene mercado también para la carne.
Un millón de firmas en un año
La Comisión Europea consideró que la iniciativa es «legalmente admisible» y decidió registrarla. Ahora bien, aclara que todavía no se ha parado a analizar el fondo de la demanda.
Con todo, la propuesta quedará abierta el 2 de enero. A partir de esa fecha, los impulsores del texto tendrán seis meses para organizar un proceso de recogida de firmas para lograr su propósito. Así, si en el plazo de un año, los promotores consiguen reunir un millón de firmas de apoyo, de ciudadanos que procedan de, al menos, siete Estados miembros de la UE, la Comisión estará obligada a reaccionar en el plazo de medio año. Eso no quiere decir que tenga que legislar de inmediato. Según aclara el Ejecutivo comunitario, en ese período puede decidir si seguir adelante con la petición o declinar hacerlo, aunque en ambos casos deberá justificar su resolución.
Juana Parada, gerente de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), a pesar de desconocer la iniciativa, señala que, en principio, parece que va en la línea de atajar la competencia desleal que ejercen flotas que no están obligadas a descargar el tiburón con la aleta adherida, pero teme que las trabas al comercio puedan acabar perjudicando a algún operador gallego.