La nueva norma de purines costará a las granjas gallegas 60 millones de euros

El cálculo resulta del coste de adaptar parte de las cisternas al decreto


redacción

Al campo gallego no le resultará sencillo, ni mucho menos barato, adaptarse al decreto sobre fertilización de suelos que prepara el Ministerio de Agricultura. De mantenerse la propuesta inicial, a la que han presentado alegaciones tanto organizaciones agrarias como la Consellería do Medio Rural, las granjas gallegas no solo deberán cambiar prácticas unas prácticas que llevan realizando desde hace medio siglo como la utilización de sistemas de abanico para repartir el purín por las fincas, sino que también se verán obligados a desembolsar importantes sumas de dinero para adecuar su maquinaria a las demandas del Ministerio.

Teniendo en cuenta que en Galicia hay más de 20.000 cisternas para echar purín y que la adaptación de cada una de ellas varía, según los cálculos del sector entre los 9.000 y los 18.000 euros en función de la marca, actualizar únicamente la tercera parte de ellas costaría como mínimo más de 60 millones de euros, una cifra que el sector difícilmente podría asumir en un contexto de escasa rentabilidad como el actual.

«Preparar unha cisterna co triturador e o sistema de tubos para deixar o purín sobre o terreo pode oscilar entre os 9.000 euros para unha cisterna de fabricación nacional e os 18.000 que custa o de marcas de importación coma Fliegl ou Joskin», apuntan el responsable de un concesionario de maquinaria agrícola del Deza. 

Y de momento observa prudencia en el sector: «Vendemos e adaptamos algunha para empresas de servicios da zona. As explotaciones particulares, de momento, parecen esperar a ver que pasa. A maioría pensan que resulta inviable cambiar de sistema a curto prazo, sobre todo sabendo a cantidade de cisternas novas que faría falta mercar».

Aunque resulta imposible saberlo con certeza, la consulta realizada a media docena de talleres de maquinaria agrícola ubicados en las principales zonas agroganaderas de la comunidad arroja otro dato preocupante: más de la mitad de las cisternas utilizadas actualmente en Galicia no tienen capacidad para adaptar los nuevos sistemas de aplicación del purín. En ese caso los titulares se verían obligados a comprar una nueva. Ello les supondría un desembolso que, en función de la marca, podría oscilar entre los 35.000 euros —IVA aparte— de una cisterna de 14.000 litros de capacidad y fabricación nacional y los 120.000 euros que, por ejemplo, cuesta una de 20.000 litros de una marca de importación.

Pero también puede haber problemas con los tractores. La culpa es de que la potencia que requieren las cisternas con inyectores son sensiblemente mayores que las de las tradicionales. Pero aún hay otro problema añadido, la ralentización del trabajo que supone el uso de un sistema de inyección en comparación con los actuales de plato o abanico, pues si descargar una cisterna de 18.000 litros esparciéndolo por el aire lleva entre cuatro y cinco minutos, depositarlo sobre el terreno o infiltrarlo en el suelo son necesarios más de quince

Otros de los gastos que, en principio, tendrían que sumar los ganaderos son la contratación de un asesor agrónomo para poner en marcha sus planes de fertilización y la realización periódica de las analíticas de tierras y purines que deberán llevar a cabo la mayoría de explotaciones. De hecho, las alegaciones presentadas por Medio Rural al borrador del Ministerio hacen hincapié en esos aspectos. El Gobierno gallego entiende que debido a que en Galicia una granja puede trabajar más de un centenar de parcelas, analizar cada una de las fincas como recoge el borrador, supondría un coste muy elevado para las explotaciones. Por ello, propone que estos análisis se realicen en función de la superficie total de cada explotación.

El sector agroganadero gallego puede presumir, sin embargo, de ser de los más sostenibles de Europa. Al menos es lo que demuestran las cifras oficiales relativas a la presencia de nitratos en la tierra y el agua de consumo o a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. De hecho, solo A Limia fue incluida por primera vez por el Ministerio de Transición Ecológica en el listado de zonas vulnerables por contaminación de nitratos en las aguas. De ahí que la gestión de los restos producidos en la zona sea una prioridad.

Con todo, Galicia es, de entre las diez principales regiones lácteas europeas, la única que en conjunto no está clasificada como zona vulnerable a nitratos —el óxido nitroso también es un potente GEI—, por lo que está exenta de establecer planes especiales de fertilización o imposiciones de un número máximo de cabezas de ganado por hectárea. Circunstancia que se da en más de una treintena de zonas eminentemente agrarias del continente.

Otro tanto sucede con las emisiones de amoníaco a la atmósfera, que, si bien van en aumento a medida que se intensifica la producción, están muy lejos todavía de las que se registran en otras comunidades. De hecho, solo Cataluña, Castilla y León y Aragón aglutinan más del 65 % del total producido por el sector agroganadero español debido, principalmente, a los grandes cebaderos de porcino instalados en su territorio, una de las actividades ganaderas más contaminantes y de las que apenas hay presencia en Galicia.

Las peculiaridades gallegas que no tiene en cuenta el decreto de purines

M. Alfonso

Expertos de Mabegondo dicen que Galicia realiza una gestión adecuada del estiércol y que la nueva norma es una amenaza para sus granjas

Todas las organizaciones agrarias están de acuerdo en que, tal y como está redactado, el proyecto de real decreto sobre la fertilización de los suelos es perjudicial para las granjas gallegas. Más aún, aseguran que muchas de ellas no podrán cumplir con algunas de las exigencias que marca la normativa y que otras se verán abocadas al cierre. Una opinión que también comparten los investigadores del Centro de Investigacións Agrarias Mabegondo. El experto en nutrición de los suelos, Xoán Castro Insua, analiza en detalle las peculiaridades de estas explotaciones y explica por qué el decreto que preparar el Gobierno supone una amenaza para miles de pequeñas explotaciones de vacuno de leche y de carne. Granjas donde los purines no son considerados un residuo, sino una forma más natural de abonar los suelos que los fertilizantes químicos.

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