Asaga critica que la nueva normativa sobre nutrición sostenible aumenta la carga burocrática en el campo
GANADERÍA
Esta organización, y Asaja a nivel nacional, denuncian que la legislación ignora sus propuestas e incrementa las obligaciones para agricultores y ganaderos
24 oct 2025 . Actualizado a las 08:56 h.La Asociación Agraria de Galicia (Asaga) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) criticaron la aprobación del Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios, aprobado por el Gobierno y pactado con UPA y Unión de Uniones, por considerar que «ignora las reivindicaciones del sector y supone una nueva carga burocrática para agricultores y ganaderos».
El Real Decreto, publicado en el BOE, establece nuevas obligaciones en materia de fertilización. Entre ellas, la de contar con un plan de abonado a partir del 1 de enero de 2026 para las explotaciones en regadío cuyos cultivos se siembren o planten entre el 1 de marzo y el 30 de junio, y desde el 1 de septiembre de 2026 para el resto. También será obligatorio el registro mensual de todas las labores de fertilización en el cuaderno de explotación, en papel o formato digital, desde el 1 de enero de 2026, con determinadas excepciones. El asesoramiento técnico en fertilización será exigible un año después de esas fechas en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, y dos años más tarde en el resto.
La norma modifica además los requisitos para la aplicación de estiércoles en determinadas zonas, salvo en parcelas de menos de una hectárea que no sean colindantes con otros recintos de la misma explotación, y precisa los criterios para el cómputo de los pastos comunales en la superficie total de las explotaciones.
Asaga y Asaja lamentan que el Ministerio de Agricultura ignorase sus propuestas de simplificación, entre ellas la exclusión de las explotaciones de regadío de hasta 15 hectáreas y de las de secano de hasta 30 hectáreas de estas obligaciones. También expresan su preocupación por que la norma «abra la puerta a futuras inspecciones técnicas de máquinas de abono y herramientas utilizadas en fertilización», medida que consideran «injustificada».
Las organizaciones solicitaron suprimir la obligación de registrar la fertilización en un plazo máximo de un mes y retrasar la aplicación del Real Decreto hasta que el Ministerio publicara las guías de buenas prácticas y pusiera en marcha un programa formativo para agricultores y ganaderos.
Entre otras demandas, Asaga y Asaja reclaman reducir la burocracia para quienes suministran estiércol a terceros, el reconocimiento oficial de un programa informático gratuito que permita elaborar los planes de abonado sin necesidad de contratar un asesor en fertilización, y la supresión del actual régimen sancionador, que prevé la aplicación simultánea de hasta siete leyes, dos reales decretos y las normativas autonómicas correspondientes, además de posibles responsabilidades civiles, penales y medioambientales.
Según ambas organizaciones, el sector agrario «ya cumple sobradamente los estándares medioambientales exigidos por la Unión Europea» y consideran que la nueva normativa «no aporta soluciones reales, sino que incrementa los trámites, costes y cargas administrativas para los profesionales del campo».