Agricultura quiere involucrar a la distribución en la búsqueda de mejores precios para los agricultores

El ministerio propone redactar una lista más precisa de prácticas comerciales prohibitivas y publicar las sanciones que se imponen a los que incumplen la ley


Redacción / La voz

La primera reunión de la mesa de diálogo agrícola, como ha bautizado el Ministerio de Agricultura al organismo creado para poner sobre las mesa los principales problemas que afectan al sector tras las movilizaciones de la pasada semana, no ha conseguido desactivar las protestas convocadas por las tres principales organizaciones sindicales. Ganaderos y agricultores se concentrarán mañana por la mañana delante del ministerio convocadas por UPA, COAG y Asaja, para seguir reivindicando unos precios justos. Y eso a pesar de que el ministro, Luis Planas, ha anunciado ya una batería de medidas que se pondrán en marcha en los próximos días, entre ellas, la reforma de la ley de la cadena alimentaria o la convocatoria del observatorio de precios. Tras el consejo de ministros de esta mañana, el titular de Agricultura se mostró dispuesto a incluir a las grandes empresas distribuidoras en la solución a los problemas del campo. 

Durante los próximos días, Planas convocará una serie de reuniones para establecer una hoja de ruta con actuaciones en apoyo de los sectores más afectados, como el del aceite de oliva y el hortofrutícola. El ministro anunció su voluntad firme y decidida para, a través del trabajo en común, lograr que los agricultores reciban una remuneración justa y su trabajo sea socialmente reconocido. Calificó de «muy positiva» la reunión de la mesa agraria, ya que considera que el diálogo es «condición necesaria» para avanzar en los temas que son prioritarios para afrontar el futuro del sector. 

Este paquete de medidas comenzaría por incluir en el borrador de los próximos presupuestos una mayor dotación para los seguros agrarios. De esta forma se trataría de mejorar la rentabilidad de las explotaciones afectadas por adversidades climáticas. En cuanto a la mejora de los precios, el ministro avanzó que, en breve, se presentará un borrador de reforma de la ley de la cadena alimentaria. Esta misma mañana concretó que estas modificaciones irán en la línea de hacer una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas, regular el coste de destrucción de valor, más conocida como venta a pérdidas, y hacer obligatoria la inclusión de los costes de producción como un factor de relación a la hora de establecer precios. También apostó por hacer públicas las sanciones que se imponen a los que incumplen la ley, tal y como reclaman los sindicatos. 

Planas volvió a reiterar su intención de convocar, la próxima semana, el observatorio de precios. Esta entidad se encargará de analizar la formación de precios en aquellos productos que atraviesan más dificultades, como el aceite de oliva o las frutas y las hortalizas. También se analizará el comportamiento de los precios de los principales insumos agrarios. Pero la gran novedad es que el ministro se reunirá con las grandes empresas de la distribución en España, «Todos los elementos que participan en la cadena alimentaria son necesarios, y la distribución es parte de la solución al problema. Ellos pueden contribuir a valorizar el trabajo de agricultores y ganaderos», añadió. 

El ministro apostó también por revisar la ley de organizaciones interprofesionales, cuestión necesaria para mejorar la vertebración del sector y lograr que los productores mejoren su posición negociadora dentro de la cadena, sobre todo a través de las cooperativas.«Queremos estructurar mejor las interprofesionales, que no existen en todos los sectores», añadió.  Y habló también de la subida del salario mínimo interprofesional. Recalcó que un trabajador del campo tiene los mismos derechos que otro del sector industrial o servicios, pero mostró también su voluntad de examinar cuál es el impacto de este incremento en la rentabilidad de las explotaciones agrarias y estudiar las medidas pertinentes. 

En cuanto a la reforma de la Política Agraria Común, explicó que la línea del gobierno será la defender que las ayudas vayan a aquellos que las precisen realmente. «Quien obtenga del mercado los rendimientos necesarios no necesita la PAC, pero la inmensa clase media sí que la necesita», añadió. Y sobre las movilizaciones que está protagonizando el sector agrario, el ministro mostró su total respeto y comprensión y desveló que ni siquiera había solicitado a las organizaciones agrarias que pusiesen fin a esas protestas. De hecho, mañana por la mañana está prevista una nueva manifestación a las puertas del ministerio de agricultura. 

Por otro lado, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha explicado este martes que el incremento del paro registrado en enero en más de 90.000 personas se debe a que es un mes «marcadamente estacional». Al eliminar los efectos estacionales, el paro aumenta en 13.080 personas. Por sectores, Rey ha resaltado que además de en el comercio y la hostelería, el paro aumenta en el sector agrícola. De hecho, ha indicado que en enero el 71% del incremento del desempleo en el sector agrícola se ha localizado en Jaén, Córdoba y Sevilla, y ha afirmado que se ha debido a malas cosechas por el cambio climático, la falta de lluvias, la mecanización o la robotización.

Sin embargo, ha dejado claro que los problemas del sector agrícola son independientes a las últimas medidas adoptadas en materia laboral, en referencia a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Rey también ha puntualizado que el aumento del desempleo en este sector, además de a la estacionalidad, se debe a la especialización de cada provincia en el mundo agrario, como el tipo de cultivo, y por las decisiones arancelarias.

Por su parte y a este respecto, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, ha explicado que los datos de afiliación han sido negativos en todos los regímenes, pero que al observar los datos desestacionalizados, se observa una «sorpresa negativa» en el dato de agricultura, que es especialmente sensible a factores exógenos, como puede ser «una mala cosecha o un temporal». Además, ha añadido que se ha registrado este mes una «pésima cosecha de aceituna».

También ha afirmado que los peores datos del sector agrícola se han producido en provincias con mayor producción de aceituna y también ha tenido impacto los aranceles de Estados Unidos, pero no así impacto la subida del salario mínimo.

«Nuestra sensación es que gran parte de la explicación del no muy buen dato del empleo (en el sector agrícola) se debe a este factor», ha apostillado, tras afirmar que si los datos en el sector agrícola hubiesen sido los de otros años, habría habido una ligera aceleración con respecto a diciembre en los datos de afiliación.

En general, Arroyo ha señalado que enero es un mes en el que finalizan campañas, sobre todo relacionadas con el comercio y la hostelería, y que aún así en enero en términos totales los niveles de afiliación son similares a los alcanzados antes de la crisis.

Aunque ha afirmado que desde marzo el sistema cuenta con más de 19 millones de afiliados ocupados, «no se puede decir que el de enero sea un buen dato, porque es una cifra peor que la de otros años».

Preguntado sobre la derogación del artículo 52 apartado 'd' del Estatuto de los Trabajadores sobre el despido por encadenamiento de bajas justificadas, Rey ha señalado que es posible que se apruebe en el Consejo de Ministros de la próxima semana si se cumplen con todos los trámites administrativos.

«Queremos garantizar que la norma cumpla con todos los parabienes. Si tuviésemos que esperar un poco más, lo haríamos, pero nuestra convicción es firme: creemos que afecta a los derechos humanos y tenemos que darle inmediatamente una solución por ser insostenible el supuesto en el que se basa este tipo de despido», ha añadido.

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