Hace tres años se elevó lo que pagan los usuarios con más ingresos por estas prestaciones, pero aún así el coste de aplicar esta ley en Galicia casi se triplicó desde el 2009
17 may 2019 . Actualizado a las 14:54 h.La ley de la dependencia ha sido uno de los mayores avances sociales de los últimos años. Por primera vez se da amparo a las necesidades que los mayores presentan con la edad, tanto si permanecen en su domicilio como si optan por un servicio residencial. El problema, la dificultad de implantarla por el coste económico que conlleva. Esto ha provocado que la ley de la dependencia vaya lenta, y que el copago -la parte que aportan los propios usuarios- se modificase, elevando la participación de los que tienen más recursos.
Aún así, las cifras son irrebatibles. La atención a la dependencia absorbe cada vez más recursos públicos, hasta el punto de que casi se han triplicado desde el año 2009. Los presupuestos de Política Social han pasado de 137,6 millones en ese ejercicio, a 369 en el actual, un 268 % más. Aunque la ley recoge que la financiación corre a cargo de autonomías y Gobierno central en un 50-50, la realidad es distinta, y la comunidad gallega pone siete de cada diez euros. De hecho, la revisión que va a hacerse de esta legislación tras diez años en vigor, incluye no solo elevar las cuantías mínimas, sino que el Estado eleve su participación.
¿Y a qué se dedican estos fondos? El porcentaje más grande se destina a pagar las residencias de mayores, que se llevan el 43 % del total, sumando no solo el mantenimiento sino el coste del personal propio y las plazas concertadas en centros privados.
