La factura de la dependencia se triplica

La ley de la dependencia ha sido uno de los mayores avances sociales de los últimos años. Por primera vez se da amparo a las necesidades que los mayores presentan con la edad, tanto si permanecen en su domicilio como si optan por un servicio residencial. El problema, la dificultad de implantarla por el coste económico que conlleva. Esto ha provocado que la ley de la dependencia vaya lenta, y que el copago -la parte que aportan los propios usuarios- se modificase, elevando la participación de los que tienen más recursos.

Aún así, las cifras son irrebatibles. La atención a la dependencia absorbe cada vez más recursos públicos, hasta el punto de que casi se han triplicado desde el año 2009. Los presupuestos de Política Social han pasado de 137,6 millones en ese ejercicio, a 369 en el actual, un 268 % más. Aunque la ley recoge que la financiación corre a cargo de autonomías y Gobierno central en un 50-50, la realidad es distinta, y la comunidad gallega pone siete de cada diez euros. De hecho, la revisión que va a hacerse de esta legislación tras diez años en vigor, incluye no solo elevar las cuantías mínimas, sino que el Estado eleve su participación.

¿Y a qué se dedican estos fondos? El porcentaje más grande se destina a pagar las residencias de mayores, que se llevan el 43 % del total, sumando no solo el mantenimiento sino el coste del personal propio y las plazas concertadas en centros privados.

55.370 personas con prestación

En la actualidad hay 55.370 personas beneficiarias de la ley de la dependencia en Galicia. Hace nueve años eran la mitad, 28.589. No obstante, estas prestaciones aún están lejos de dar respuesta a todos los usuarios que lo necesitan, ya que 67.228 mayores tienen reconocido este derecho, por lo que doce mil aguardan todavía a que se les conceda el servicio solicitado.

¿Y qué prestaciones recoge la dependencia? Hay ocho servicios catalogados según los datos del Ministerio de Sanidad, aunque algunos son minoritarios. Aunque hay 55.000 gallegos con prestaciones, la Xunta concedió 63.700, porque algunos usuarios reciben más de una. La más común es la ayuda a domicilio, en el 32 % de los casos; y le sigue la prestación económica cuando un familiar cuida al dependiente, que reciben el 21 % de los usuarios. El tercer servicio más demandado es la atención residencial. Le siguen muy de cerca los centros de día, la prestación económica que se da al usuario para que pague un recurso privado cuando no hay suficientes en el sistema público, mientras que la teleasistencia, la promoción de la autonomía personal, y sobre todo el asistente personal, son servicios minoritarios.

Uno de los motivos por el que las personas beneficiarias por la ley de dependencia se han multiplicado es porque ha ido ampliándose su cobertura. Hay tres grados reconocidos, desde una dependencia moderada hasta la gran dependencia. Cuando comenzó a aplicarse esta norma solo pudieron acogerse los casos más graves, y poco a poco ha ido generalizándose. En estos momentos, de los 67.000 gallegos que tienen derecho reconocido a una prestación, el colectivo mayor, más de 25.000, tienen una gran dependencia, pero se han incorporado ya 18.533 personas del primer grado, la menos grave.

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Pese a que Gobierno central y autonómico se han comprometido a revisar la ley de la dependencia, la Xunta aseguró en varias ocasiones que lo que no modificará es la aportación que realiza el usuario.