La ejecución del derribo de anteayer constituye el segundo caso sobre una vivienda familiar tras una década de espera Hasta media docena de escritos le remitió el denunciante de la obra ilegal de Sixto-Marrozos al Concello para que actuase y demoliese la casa que finalmante se derribó anteayer. En cada uno de ellos le presentaba fotografías con el avance de la obra. Ante el persistente silencio administrativo, decidió acudir a los tribunales. Éstos recibieron la denuncia con el informe de caducidad administrativa sobre la mesa, y el texto de la sentencia judicial fue muy duro con las instancias municipales. La demolición de la casa por ilegalidad constituye el segundo caso serio tras el derribo hace años de una vivienda en Picaños-Sar.
28 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.REDACCIÓN SANTIAGO El gobierno municipal, con distinto regidor entonces, había sido protagonista hace más de una década de una demolición de una vivienda en Sar, construida en plena zona verde, caso que resultó dramático y traumático. Fue la última casa familiar derribada. La vivienda demolida anteayer, en medio de grandes medidas de seguridad, llegó hasta las últimas consecuencias merced a la continuada denuncia de un vecino, que llevó el asunto a los tribunales e hizo aflorar la piqueta. El denunciante inició su demanda administrativa en diciembre de 1991, y la primera inspección se realizó cuando estaba la placa echada mes y medio más tarde. Al infractor se le concedieron dos meses y medio para legalizar la obra en febrero del 92, plazo en el que empezaba a contar la prescripción administrativa de cuatro años. Ese plazo finalizó en febrero de 1996 y los servicios técnicos municipales dieron por prescrito el expediente sancionador, sin posibilidad de retomarlo. Lo retomaría el Tribunal del Contencioso-Administrativo. A lo largo de todo ese proceso el demandante remitió numerosos escritos al Concello, en cada uno de los cuales adjuntaba fotográficamente (también algún acta notarial) el avance de las obras. Al final, encorajinado por el silencio, denunció al infractor y al Concello ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Éste fue duro en sus apreciaciones y no se anduvo por las ramas a la hora de imponerle las costas al Concello empujado por «la manifiesta temeridad de su postura en este proceso, manteniendo y defendiendo sin base razonable alguna una injustificable postura omisiva con preterición de la obligación de velar por el adecuado cumplimiento de la normativa urbanística». El Tribunal Supremo pondría finalmente el acento en la imposibilidad de dejar en pie la casa de Sixto. Y a partir de ahí vendrían serias advertencias al Concello para que cumpliese la orden judicial «en horas diurnas», como así fue.