La criminalización de las viviendas de uso turístico (VUT) por diversas Administraciones oculta el fracaso de las políticas de incentivo al alquiler habitual
07 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.A 30 de junio de este año, se ofertaban en Galicia casi 24.000 viviendas de uso turístico (VUT), con una capacidad alojativa de algo más de 126.000 plazas, de las que cerca de 3.000 viviendas, con una oferta de 15.000 plazas de alojamiento, se ubican solo en Sanxenxo, el concello de la comunidad autónoma con la mayor cuantía. Semejantes números han convertido a Sanxenxo, desde hace años, en el líder del destino Rías Baixas, muy por encima de Vigo, Pontevedra, O Grove, Marín o Baiona. Porque reúne una capacidad hotelera extraordinaria, con más de 160 hoteles que disponen de casi 10.000 plazas (la mayor oferta de todo el norte de España); a lo que hay que sumar un potente mercado inmobiliario que posibilita más de 11.000 segundas residencias de propietarios de todo el país y Portugal; y, finalmente, se añade el extraordinario refuerzo que ha supuesto la consolidación de los alquileres de esas 3.000 viviendas de uso turístico.
Estos datos se revalorizan cuando estamos inmersos en pleno debate en el Estado sobre el presente y futuro de las VUT, situadas por ciertos partidos políticos; por algunos ministros del Gobierno de España y por unos cuantos alcaldes y alcaldesas en el ojo del huracán. Se percibe un discurso de criminalización de las viviendas turísticas, culpabilizándolas de la crisis del alquiler clásico, cuyo desplome se les achaca injustamente, olvidando el profundo fracaso de las políticas de promoción de vivienda.
Sanxenxo es diferente
Especialmente combativo se está mostrando Jaume Collboni, el regidor socialista de Barcelona, quien ha lanzado una campaña para suprimir las 10.000 viviendas turísticas que existen actualmente en la Ciudad Condal, con el propósito de revertirlas al mercado de alquiler habitual. Como declaración de intenciones, ha conseguido titulares tanto en España como en el resto del mundo. Pero ahora mismo es solo un solemne brindis al sol. El Ayuntamiento de Barcelona no podrá aplicar la medida hasta noviembre del 2028 que es cuando podría empezar a no renovar las licencias a las VUT de la ciudad. Por cierto, ya veremos si antes Collboni y el PSC consiguen reeditar la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones municipales, que serán en el 2027.
Afortunadamente ni Telmo Martín es Jaume Collboni y mucho menos Sanxenxo es como Barcelona. El destino líder de las Rías Baixas es un ejemplo de convivencia de las diferentes ofertas alojativas, entre hoteles, pensiones, cámpings, casas de turismo rural y viviendas de uso turístico. Hay trabajo y negocio para todos. Esa conjunción de intereses, sin conflictos, permite que Sanxenxo llegue a alcanzar los 115.000, incluso 120.000 residentes entre julio y agosto. Eso supone un movimiento económico del orden de siete millones de euros diarios, con los cálculos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El alcalde, Telmo Martín, no se plantea, ni de lejos, medida alguna coercitiva contra las viviendas de uso turístico, pues es conocedor del enorme refuerzo que suponen para empoderar a Sanxenxo como destino líder en las Rías Baixas y Galicia. Nadie con dos dedos de frente se pega tiros en los pies. Telmo Martín no va a actuar contra la principal fuente de ingresos de su concello. Sanxenxo se llevará, al final de este 2024, la principal parte de la tarta de 3.000 millones de euros de facturación que generará el destino Rías Baixas. Nadie en su sano juicio dinamitaría la principal fuente de ingresos de su municipio. Salvo flagrantes casos de miopía política o de cerril obediencia a principios.
Tasas
Otra cosa es la implantación de una tasa turística. Como, por ejemplo, acaba de suscitar el alcalde socialista de O Grove, José Cacabelos, argumentando lo que supone la afluencia a su concello de hasta 40.000 turistas mensuales en verano, con lo que multiplica los costes de limpieza, policías municipales, socorristas y demás servicios que el ayuntamiento debe cubrir.
Cacabelos baraja la hipótesis de una tasa de 1 o 2 euros por pernocta para sufragar los gastos extraordinarios que reporta el turismo al municipio que, no olvidemos, también engorda la economía local. Es un debate delicado en el que la ciudad de Santiago de Compostela ha encabezado la reivindicación del cobro de esa tasa, según la última propuesta de la alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG).
El problema es que, bajo la mampara del cobro de una tasa turística, concellos como Santiago o A Coruña ocultan una animadversión a las viviendas de uso turístico a las que responsabilizan de la mengua de los alquileres de uso habitual, obviando otras causas. Las VUT solo suponen… ¡el 2 % del parque inmobiliario de Galicia! Por tanto, hay un fracaso de municipios, autonomías y Gobierno central.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Derecho a la Vivienda (mayo del 2023), la cruda realidad es que el mercado del alquiler habitual se ha contraído por una enorme desconfianza de los propietarios ante actuaciones vandálicas y el riesgo de okupaciones. Solo una comunidad, Euskadi, ha sabido sobreponerse a ese desplome con una oferta denominada Alokabide, en la que el gobierno vasco actúa de garante en los contratos de alquiler por 5 años, lo que ha permitido que más de 20.000 viviendas afluyeran al mercado. Así, sí funciona. Criminalizando a los propietarios, jamás.