Las familias de las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo persisten en sus demandas para impedir que la losa del olvido caiga sobre este caso
12 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.A punto de cumplirse cuatro meses desde que el pesquero Villa de Pitanxo se hundió en aguas de Terranova, el tesón de las familias de las víctimas ha impedido que la losa del olvido cayera sobre la causa que mantienen. El esclarecimiento del naufragio y la depuración de las responsabilidades que procedan, constituyen el norte de estas familias. La persistencia en sus demandas y la fe ciega que han demostrado para llegar a convencer a las diferentes administraciones a fin de que se determine lo acontecido aquel 15 de febrero, se ha traducido en una capacidad admirable de mantener vivo su caso y generar noticias prácticamente a diario.
Literalmente, estas familias llevan casi cuatro meses picando piedra día a día para contrarrestar la estrategia de silenciarles que desde el gobierno central se lleva a cabo. Han venido esperando infructuosamente que el delegado gubernativo en Galicia les comunicara la noticia que están deseando escuchar. Sin embargo, cada vez que han estado con José Miñones, han salido descorazonados con el discurso evasivo que le ha tocado interpretar al delegado. Por cierto, ¡vaya papelón para Miñones!
Ritmo reivindicativo
No es sencillo mantener el ritmo reivindicativo que sostienen las familias de las 21 víctimas del naufragio del pesquero marinense. Pero resulta evidente que lo están consiguiendo. Así lo acreditan las sucesivas novedades que se añaden a este caso, día sí y otro también, tanto en el frente institucional como en el judicial.
Si en esta semana que concluyó fue importantísimo que las demandas de las familias se visibilizasen en el Congreso de los Diputados, tanto fuera como dentro del hemiciclo; también resultó trascendental el giro que en el ámbito judicial ha tenido el caso del naufragio.
Las medidas cautelares que ha adoptado la Audiencia Nacional señalan el fundamento de las acciones judiciales emprendidas por las familias. Y que se determine analizar el contenido del teléfono móvil de una de las víctimas por que puede ayudar a la investigación, como adelantó La Voz de Galicia, es crucial. Que a Juan Padín, el capitán que patroneaba el pesquero que terminó hundiéndose aquel 15 de febrero, la Audiencia Nacional le haya retirado el pasaporte, le prohíba salir de España y obligue a comparecencias periódicas —cada quince días— en sede judicial, denota que para el juez instructor, el magistrado Ismael Moreno, la actuación del principal mando a bordo no fue correcta y pudo haber incurrido en varios presuntos ilícitos. El más grave que le podrían imputar sería la comisión de 21 delitos de homicidio por imprudencia temeraria que es, precisamente, lo que los abogados de las familias le achacan en la querella que suscribieron y que refrenda las sospechas que también mantiene la Fiscalía.
Versiones confrontadas
Cabe esperar que la Audiencia Nacional determine también medidas cautelares contra la empresa armadora del Villa de Pitanxo. El relato de los hechos que intenta sostener el patrón del pesquero solo se puede entender desde la óptica de quien está defendiendo no solo sus intereses personales, sino también los de la empresa que le paga. La manifiesta contradicción entre el testimonio del patrón y la versión del marinero Samuel Kwesi sobre lo ocurrido durante los minutos cruciales de la escora y posterior hundimiento del Villa de Pitanxo revela un antagonismo de relatos del que cabe concluir que uno de ellos, es prisionero de sus compromisos laborales.
Pesquerías Manuel Nores es acusada por las familias de las víctimas de diversos presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores a bordo, por lo que resulta evidente que la armadora y el patrón tienen que ir del brazo para evitar que les caiga una condena muy considerable.
Otra cuestión es el caso de Eduardo Rial, el tercer superviviente de la tragedia, sobrino del patrón, cuyo encausamiento demandan las familias, pero aún no ha considerado el instructor de la Audiencia Nacional. Los familiares solicitan al magistrado Ismael Moreno que considere al sobrino como investigado (antes imputado) al entender que habría mentido intencionadamente para salvar a su tío y, de paso, los intereses de la casa armadora. Los familiares citan el testimonio de la tripulación del Playa de Menduíña 2 que recogieron del mar a los tres supervivientes y escucharon admitir a Rial que el patrón «mentía» pero que él daría la versión que su tío mantuviese. Como así hizo en sede judicial hace unos días.
Diez minutos
El debate parlamentario durante la sesión de control al Gobierno entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el diputado del PP, Joaquín García Diez demostró un antagonismo de enfoques que destila los intereses creados. Para el grupo principal de la oposición, el caso del Villa de Pitanxo, es un talón de Aquiles del Gobierno donde percutir por el evidente incumplimiento de las promesas hechas por el presidente Pedro Sánchez en la reunión que mantuvo hace meses con las familias en Lavacolla.
El Gobierno intenta parapetarse detrás de las diferentes investigaciones para dilatar la decisión de mandar barcos y medios tecnológicos a Terranova a fin de bajar al pecio y obtener información de lo ocurrido. Las familias solo piden «diez minutos» con el presidente para saber qué piensa hacer.