Una reacción del Ministerio de Transición Ecológica, impropia según trabajadores de la pastera y Xunta de Galicia, perturba el ambiente de cara a una solución negociada
24 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Si hace siete días exponíamos desde esta contraportada que la mesa de diálogo sobre el futuro de Ence estaba atascada, lo acaecido esta semana evidencia que se avanza más por fuera de la misma. En concreto, a costa de otro auto judicial y de una reunión bilateral Gobierno central/Xunta de Galicia. La mantenida por el presidente gallego y la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Tanto el fallo judicial como el encuentro Alberto Núñez Feijoo/Teresa Ribera, han supuesto más de lo que hasta ahora han deparado las tres reuniones de ese foro de interlocución. Lo cual constituye un flaco favor a que podamos creer que puede salir de esa mesa de diálogo. Y alimenta la impresión de que la mesa va camino de ser una solemne pérdida de tiempo.
De hecho, después de esa reunión bilateral, hemos asistido a una disparidad de versiones y lecturas sobre su resultado que es la máxima evidencia de la distancia entre bloques de la que hablábamos hace siete días.
«Demolición»
El propio Ministerio, que amadrinó a través de Teresa Ribera la creación de ese espacio de diálogo entre las partes en conflicto, le ha puesto un palo entre las ruedas, complicando cualquier futuro resultado que pudiese deparar ese ámbito de negociación. Me refiero a lo ocurrido el pasado martes, a consecuencia de la reacción “forofa” e impropia que, según los trabajadores de Ence y la Xunta de Galicia, tuvo el Ministerio de Transición Ecológica al conocerse el fallo de la Audiencia Nacional al recurso de la asociación ecologista APDR.
Fue una sentencia coincidente con las dos anteriores, y que por tanto invalidaría la prórroga concedida a Ence por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Sin embargo, que «fuentes autorizadas» del Ministerio de Transición Ecológica, según citó la agencia informativa Europa Press y recogió La Voz de Galicia, trasladasen una valoración tan entusiasta que prácticamente encañona a la empresa pastera a trasladarse y demoler las actuales instalaciones fabriles de Lourizán, fue lo que más sorprendió de la reacción del Gobierno de la nación. Porque estaría ignorando, de modo grosero, el derecho a apelación que asiste a quienes se consideran perjudicados y tienen la posibilidad de recurrir a una instancia judicial superior.
Seguidismo
Volviendo a aquella reacción: esas «fuentes autorizadas» del Ministerio no solo realizaron una valoración que otorgaba una trascendencia superior la resolución del recurso de la APDR con respecto a los anteriores de Concello de Pontevedra y Greenpeace. También se adelantaba, presuponiendo que el Tribunal Supremo tumbe los recursos de la empresa y otros que buscan salvar la prórroga (que es mucho presuponer), a decir que la empresa de celulosa «debería plantearse un calendario razonable para la salida ordenada y la demolición de la fábrica de Lourizán como ocurre con su antigua vecina Elnosa, hoy en día ya desaparecida».
La primera consecuencia de este patinazo «hooligan» del Ministerio es que desdice su supuesto papel de arbitraje. Ha vuelto a encabronar a toda la plantilla de Ence, poniendo de acuerdo a los comités de trabajadores de fábrica y de oficinas, al cinturón de empresas auxiliares y subordinadas a la pastera, así como a la Xunta de Galicia. Todos los citados han reaccionado al unísono indignados ante un ejemplo manifiesto de evidente falta de neutralidad. Es como si el árbitro del VAR fuese uniformado con la camiseta de uno de los equipos en el partido que disputan.
En este escenario, una vez más, el PSOE parece más beligerante contra Ence que mismamente el BNG. Es como si los socialistas estuvieran obligados a hacer una profesión de fe mayúscula para convencer de que son más anti-Celulosas que el partido nacionalista que lleva muchos más años abanderado en el «Ence, non». Así ha vuelto a ocurrir esta semana cuando esa valoración del Ministerio ha supuesto que el BNG pontevedrés, por boca de la concejala Carme da Silva pareciese comparsa del discurso del Ministerio. Cuando en realidad, todos sabemos en Pontevedra que quien marcó el ritmo fue el Bloque y el PSOE, después de muchos devaneos, terminó por seguirlo.
La opción del Puerto
En medio de todo este circo, el presidente de la Xunta ha intentado rentabilizar mediáticamente ante la ministra Ribera una baza que, realmente, ya había presentado Luis López, delegado territorial autonómico ante el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la última reunión de la mesa de diálogo sobre Ence, celebrada el pasado viernes 15 en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra. Es la baza de acoger como «zona portuaria» dependiente de la Autoridad del Puerto de Marín-Pontevedra, los actuales terrenos que ocupa la fábrica de Ence en Lourizán. A todas luces un atajo administrativo para el que la Xunta ya se procuró el aval del Consello Consultivo de Galicia que preside el magistrado José Luis Costa Pillado y cuyo dictamen considera ajustada a derecho esa opción. Sin embargo, ese encaje legal es desestimado por Madrid y tiene cero visos de prosperar.
El Ministerio prefiere tirar por la vía de marear la perdiz buscando de nuevo terrenos alternativos en Galicia para el traslado de la celulosa que estaría dispuesto a engrasar económicamente con cargo a los presupuestos del Estado.