El fiscal pide que un constructor abone al Estado medio millón

Al empresario, hermano del diputado Telmo Martín, se le acusa de «declarar relaciones comerciales ficticias» y omitir beneficios en la Renta


Pontevedra / La Voz

Roberto Marín González, hermano del diputado popular y exalcalde de Sanxenxo Telmo Martín, se enfrenta a un proceso judicial que podría llevarle a ingresar en prisión. Por lo pronto, la Fiscalía le imputa tres delitos contra la Hacienda Pública, por los que solicita por cada uno de ellos dos años de prisión, doscientos mil euros de multa y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o de disfrutar de incentivos fiscales por un período de cuatro años.

Además, y en el marco de la responsabilidad civil, el ministerio público instará al titular del Juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra -tiene pendiente por señalar la fecha del inicio del juicio- a que le imponga al empresario el pago de una indemnización a favor del Estado de 478.597, 78 euros más los intereses generados.

El fiscal estima que el encausado, que carece de antecedentes penales, «constituyó un entramado empresarial (...) con la finalidad de declarar relaciones comerciales ficticias entre ellas y, de este modo, ocultar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos por aquellas que efectivamente realizaban operaciones comerciales». Al mismo tiempo, en el ejercicio fiscal del 2007, presentó, junto a su mujer, una declaración de la Renta en la que «no declararon como rendimiento de capital mobiliario los beneficios obtenidos de las sociedades» bajo sospecha.

En todo caso, y con respecto a este último extremo, la acusación no considera acreditado que la esposa de Roberto Martín «conociese que su marido hubiese obtenido beneficios con las operaciones comerciales».

A grandes rasgos, estas consistieron en ventas de fincas. En concreto, se alude a seis ubicadas en Sanxenxo que fueron adquiridas por 560.000 euros y posteriormente transmitidas por 1.184.000 euros o a dos terrenos en A Illa de Arousa que, inicialmente comprados por 360.607 euros, fueron vendidos por más de novecientos mil euros.

Añade que, en el 2006 y 2007, una serie de transacciones con empresas del grupo investigado no obedecieron a «operaciones económicas reales, pues se trata de sociedades ilocalizables, con domicilios ficticios y con administradores de nacionalidad portuguesa ilocalizables en territorio español». Además, se trata de firmas que «carecen de la necesaria infraestructura personal y material».

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
1 votos

El fiscal pide que un constructor abone al Estado medio millón