Alude a la inejecutabilidad del derribo del inmueble de la calle Real
08 oct 2013 . Actualizado a las 06:00 h.El Concello de Caldas está dispuesto a agotar todas las vías a su alcance para evitar el derribo del edificio ilegal ubicado en el número 57 de la calle Real. Un inmueble que consta de 14 viviendas -cuatro por cada una de las tres plantas, más dos del ático-, bajo comercial y garaje y que se encuentra deshabitado.
El caso se remonta al 2002, cuando una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra anulaba la licencia otorgada por la comisión de gobierno del Ayuntamiento a la empresa Promotora Caldense S.L. por haber incumplido la normativa del fondo edificable. Un fallo que tres años después, en el 2005, ratificaba el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), obligando a derribar parte de la edificación. El empresario que promovió el inmueble es José Manuel Campañó Luna, fallecido el pasado 10 agosto tras volcar su tractor en el aeródromo de Godos.
El conflicto urbanístico y judicial abierto hace más de diez años sigue sumando capítulos. El último, la decisión del Concello de agarrarse al caso del edificio Conde de Fenosa, en A Coruña, para no tener que tirar el de la calle Real. El TSXG anuló el pasado abril el derribo del inmueble Conde de Fenosa -que el mismo tribunal había decretado once años antes- al considerar «desproporcionadas» las medidas necesarias para restaurar la legalidad.
Tras conocer ese auto, la representación legal del Ayuntamiento remitió un escrito al Juzgado de lo Contencioso al entender que el caso de Caldas tiene «varias similitudes» con el de Conde de Fenosa en A Coruña.
Los argumentos del Concello son varios. Que la sentencia se dictó hace varios años; que no hay perjuicios a terceros; que no se invade el dominio público; que no hay incremento de aprovechamiento con respecto al máximo que permitía la normativa; y que la obra se ejecutó con amparo en una licencia municipal anulada, pero sin que se pueda deducir que fuese concedida a mala fe o conocimiento de su injusticia.
«Muy gravosas»
A estas razones se suman otras dos de peso: que las consecuencias económicas para el Ayuntamiento serían «muy gravosas» -el coste del derribo asciende a 529.850 euros y el último presupuesto municipal aprobado, el del 2012, fue de 5,57 millones de euros-, y que la demolición de las partes ilegales dejaría «inútil» el resto del edificio.
En base a todos estos motivos, el 30 de julio la Administración local promovió un incidente de imposibilidad de ejecución material, «teniendo en cuenta que en el caso del edificio Conde de Fenosa la imposibilidad material se ha decretado más de diez años después de la sentencia», señaló el abogado que defiende al Concello. El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey (PSOE), que heredó el caso de su predecesor, José María Tobío, fue imputado en el 2011 por desobediencia por resistirse a acometer el derribo.