Dos acusaciones piden la celebración de una vistilla para pedir el ingreso en prisión de Alfonso García Pozuelo, exdueño de Constructora Hispánica
27 may 2013 . Actualizado a las 21:57 h.El exdueño de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo se ha negado a declarar por la supuesta contabilidad B del PP ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ha rechazado estudiar en una vistilla su ingreso en prisión, como pidieron dos acusaciones, informaron fuentes jurídicas.
García Pozuelo, imputado en el caso Gürtel por pagar comisiones ilegales a la red de Francisco Correa a cambio de la adjudicación de contratos públicos, ha acudido a la citación judicial para comunicar al juez que se acogía a su derecho a no declarar. Su abogado, Javier Iglesias, ha añadido que su cliente está colaborando con la Justicia en la causa principal.
Tras manifestar sus intenciones, la representación de Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados (ALA) y Ecologistas en Acción ha solicitado la celebración de una vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar el ingreso en prisión del empresario o imponerle medidas cautelares. A esta petición se ha adherido el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV).
El abogado de ALA, Antonio Segura, ha defendido que los delitos que se imputan al empresario «suman más de dos años y afectan a la economía nacional» y que existe el riesgo de que quiera «ocultar pruebas y sustraerse a la acción de la Justicia». «No es el primer imputado que coge un avión y se va», ha señalado. El juez Ruz, sin embargo, ha rechazado la celebración de la vistilla al considerar que no era el cauce procesal adecuado, en consonancia con la posición del fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, que también se ha puesto a su celebración.
Según los papeles de Bárcenas, García Pozuelo realizó nueve entregas a los tesoreros del PP que ascendían a un total de 258.161,94 euros.
La empresa Constructora Hispánica recibió entre el 2001 y el 2011 un total de 1.126,44 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525,26 millones de euros fueron adjudicados por cargos 'populares', según consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que obra en la causa.