Los empresarios que figuran en los papeles de Bárcenas declararán ante Anticorrupción

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Una quincena de empresarios que aparecen en las anotaciones de Luis Bárcenas de la supuesta contabilidad B del PP declararán a partir de la próxima semana en la Fiscalía Anticorrupción, según confirmaron fuentes jurídicas. El fiscal Antonio Romeral, que instruye las diligencias informativas sobre la presunta entrega de sobresueldos a la cúpula del partido desde los años noventa, quiere aclarar si los constructores realizaron los citados pagos que aparecen en las notas del extesorero del PP.

En total, la contabilidad de Bárcenas refleja ingresos por importe de 7,5 millones de euros en los 15 años analizados, de 1990 a 1992 y de 1997 al 2008. Las diligencias fueron abiertas el pasado 24 de enero, días antes de que se publicaran los documentos en los que aparecen una quincena de empresarios, todos menos uno procedentes del sector de la construcción.

En este grupo aparecen Luis de Rivero, que fue vicepresidente y después presidente de Sacyr Vallehermoso en la época en la que se habrían realizado las donaciones; Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL; o José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcciones y hermano del exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Asimismo, en las notas que investiga Anticorrupción está Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica; José Luis Sánchez Domínguez, de Construcciones Sando; Luis Gálvez, de Ploder; Antonio Pinal, presidente de Bruesa; Romero Polo, del grupo leridano del mismo nombre; y Antonio Vilella, de Construcciones Rubau.

Fuera de este sector el nombre más conocido es el de la cadena de supermercados Mercadona, aunque un portavoz de la empresa declaró en su momento que nunca han participado en operaciones de financiación a partidos. También negaron los hechos Del Rivero y Villar Mir, mientras que Juan Cotino, el presidente de las Cortes valencianas, cuyo nombre aparece bajo la indicación de Sedesa, la empresa de servicios de su sobrino, aseguró que nunca ha pertenecido a su consejo de administración.

El propietario de Sedesa, Vicente Cotino Escrivá, está imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la causa que investiga la supuesta financiación irregular del PP valenciano, dentro de la pieza separada del caso Gürtel en esta comunidad.

También aparece en las notas el imputado Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica. Curiosamente, el abogado de este empresario informó la semana pasada al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que su cliente trató de beneficiarse de la amnistía fiscal.

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