La institución movilizará este año 18 millones más de lo presupuestado
31 may 2013 . Actualizado a las 07:25 h.En plena crisis, las previsiones económicas rara vez se cumplen. A estas alturas, por ejemplo, la ejecución de los presupuestos de la Diputación se parece poco a lo previsto inicialmente por el gobierno provincial. En lo que llevamos de ejercicio, la institución ha promovido varias operaciones para reducir su endeudamiento y para dar un uso a su remanente de tesorería ?el ahorro acumulado de años anteriores? de modo que los 66,3 millones con los que preveía contar en este 2013 se han transformado en 84,7 en poco más de cinco meses.
Esos 18 millones a mayores han llegado, precisamente, del dinero ahorrado los ejercicios previos y también de la enajenación de la finca Mariñamansa, según informan fuentes del servicio de Intervención de la Diputación ourensana. Esos fondos han servido, sobre todo, para pagar viejos préstamos contraídos con diversas entidades bancarias. A ese destino han ido a parar 5,3 millones de euros. Otra parte ?1,9 millones? se destinó a inversiones y, especialmente, a subvenciones.
Los ingresos extra también sirven para equilibrar unas cuentas que, de otro modo, se verían alteradas por el incremento no previsto en los gastos de personal. Los 27,8 millones de euros inicialmente consignados en ese capítulo se quedaron cortos. Actualmente, la Diputación prevé gastar en su plantilla 29 millones, en torno a 1.200.000 euros más de lo presupuestado. Fuentes de Intervención indican que esa diferencia se debe a las indemnizaciones por despido a las que la entidad ha tenido que hacer frente. Muchas de ellas se abonaron ahora ?y computan, por tanto, en este año 2013? aunque corresponden a desvinculaciones producidas en el año 2012. Así ocurre, por ejemplo, con dos indemnizaciones de 8.763,58 y 4.063,08 que figuran entre los decretos de los que dará cuenta hoy el gobierno provincial con motivo del pleno mensual de la entidad.
Además, la Diputación ya ha pagado unos 400.000 euros a los 25 trabajadores despedidos con motivo del ERE aplicado el pasado mes de febrero. Esa cifra podría verse incrementada e incluso duplicarse ya que el TSXG consideró improcedente el expediente de despido colectivo al entender que no concurrían las causas económicas exigidas para aplicarlo. La institución provincial interpreta que debería pagar a los afectados 45 días por año trabajado y no los 25 que efectivamente han sido abonados. La Diputación recurrirá ante el Tribunal Supremo.
Por otro lado, por indicación del Ministerio de Hacienda, parte de los 55 millones de ingresos por transferencias del Estado se reparten ahora en las partidas de impuestos directos e indirectos.