Una empresaria de Vigo solloza ante el fiscal y Hacienda: «Soy una currante y me reclaman 700.000 euros»
VIGO CIUDAD
La acusada, entre lágrimas, explicó en un juicio que en el 2015 estaba arruinada y le era «imposible» asumir la deuda que le reclamó la agencia tributaria: «Es una locura, es inasumible, no la podría pagar ni en cuatro vidas». Y abroncó al fiscal y a la abogada del Estado: «Ustedes me metieron en este lío»
18 dic 2025 . Actualizado a las 01:53 h.Una empresaria de Vigo, dedicada a organizar actividades lúdicas y extraescolares, abroncó al fiscal y a la abogada del Estado, que representa a Hacienda, en un juicio en el que ella está acusada de ocultar 86.898 euros que obtuvo de la venta de su chalé familiar en Gondomar en el 2015 para eludir el pago de una sanción tributaria de 287.138 euros. Tras la desaparición del dinero, el fisco solo logró embargarle 107 euros de sus cuentas bancarias y le requisó otros 240 que obtuvo de una devolución fiscal. Asegura que estaba arruinada desde el 2014 «debido a una crisis muy gorda por la que perdí mi local y oficina, y desgraciadamente, tenía a más acreedores que Hacienda. Estaba sola y tenía muchas deudas». Finalmente, se derrumbó en un mar de lágrimas: «Soy una currante y me reclamaron una deuda de 700.000 euros, es una locura, no la podía pagar ni en cuatro vidas».
El juicio se celebrado en la mañana de este miércoles en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en en Vigo.
La máxima tensión en la vista estalló cuando el fiscal le preguntó dónde estaban los justificantes que probarían que ella había gastado los 86.000 euros desaparecidos en pagar a sus acreedores, una prueba que la absolvería. Ella vendió su casa por 210.000 euros pero más de la mitad del precio se destinó a los gastos y cargas de la hipoteca. De lo que quedó, 86.000 euros, abonó 9.000 euros a su inquilino por rescisión de contrato y otros 18.000 a su abogado, pero no conserva facturas para probarlo porque, «en aquella época, éramos autónomos, confiábamos y nos bastaba un recibí». En ese momento, la acusada elevó el tono de voz: «Esto fue hace diez años, ya no tengo los recibís, yo no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea, ustedes supieron cómo hacerlo». El fiscal le frenó y le sugirió que redirigiese sus reproches a la representante de Hacienda, sentada junto a él en el estrado.
Minutos después, la acusada se derrumbó emocionalmente y empezó a llorar ante el tribunal cuando el fiscal le recordó que Hacienda le reclamó hace diez años una deuda total de 700.000 euros y la multó con más de 287.000. Tenía cuatro empresas dedicadas a coaching, actividades lúdicas o extraescolares. Ella recordó que en el 2015 los acreedores la perseguían, que pagar al banco era su máxima prioridad, por lo que no tenía a Hacienda en su cabeza y su asesor le había dicho que no se preocupase porque todos los papeles que le enviaba Hacienda los estaban recurriendo. En aquel momento, ella era una madre separada que se quedó «sola con dos hijos» y con sus empresas en la quiebra. Entre lágrimas, explicó al tribunal: «Soy una trabajadora, mantengo a familias, una currante, somos cumplidores al 100 %, pagamos siempre a todos, ustedes me metieron en este lío».
La mujer intentó convencer al tribunal que ella no planeó deshacerse de sus bienes antes de ser embargada por Hacienda: «Soy una ignorante, yo le hacía caso a mi asesor, confiaba ciegamente en él, me dijo que estuviera tranquila pero nunca he visto 700.000 euros juntos, ni en cuatro vidas pago ese dinero, es una locura, es inasumible, es una imposibilidad».
La Fiscalía insistió en averiguar cómo la empresaria había urdido su plan para deshacerse de su chalé familiar en Vincios, en Gondomar, antes de que Hacienda le embargase sus bienes. Ella niega cualquier plan: abrumada por las deudas, vendió su chalé porque, una vez divorciada, a sus hijos y a ella la casa les quedaba muy a desmano de su trabajo y de los colegios en Vigo. Ella misma subió los anuncios de venta a un portal inmobiliario de Internet un año antes, cuando aún no sabía si Hacienda le iba a reclamar dinero.
El caso
La empresaria de Vigo afronta dos años de cárcel como supuesta autora de un delito de frustración de ejecución, lo que antes se conocía como alzamiento de bienes (fingir insolvencia y esconder el dinero o vender bienes para que no los embarguen los acreedores).
La acusada era administradora de la sociedad que fue objeto de un procedimiento de comprobación por parte de la inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) y en el 2015 se firmaron dos actas de disconformidad, relativas al Impuesto sobre Sociedades y al IVA de los ejercicios 2011 y 2012, en las que se recaudaron cuotas pendientes de pago por valor de 146.816 euros y 304.366 euros. Estas actas también dieron lugar a un procedimiento sancionador y en el 2015 la multaron con 287.138 euros. La empresaria fue declarada responsable solidaria de las deudas y sanciones tributarias relativas al Impuesto de Sociedades de 2011 e 2012 por importe total de 204.564 euros. Hacienda había visto una conducta intencionada propia de la administradora en las infracciones tributarias.
Al mes siguiente, en julio del 2015, la empresaria acudió a un notario de Vigo y vendió el único piso que estaba a su nombre por 210.000 euros, de los que tras saldar la hipoteca y otros gastos, sacó limpios 86.898 euros. Los cobró en dos cheques y, a partir de ahí, Hacienda perdió la pista del dinero. Hizo 43 intentos de embargo en cuentas de la empresaria, en sueldos y salarios, participaciones en sociedades y seguros de vida pero solo recuperó 107 euros y otros 224 que le descontó de una devolución de su IRPF.