La licencia, al margen del tiempo que la empresa tarde en ejecutarla materialmente, ya ha reportado a la administración local 1,6 millones de euros en tasas e impuestos, al contar con un presupuesto de 51 millones de euros. El inicio efectivo de las obras precisará la previa urbanización del terreno. Este proyecto, aprobado
por el bipartito, está pendiente de una reclamación judicial de la Diputación, que rechaza la posibilidad de que se haga por fases, una opción que favorece a la empresa. La aprobación del proyecto básico, decidida ayer, garantiza la licencia aun en el supuesto de que el Tribunal Supremo confirme la nulidad del PXOM. Para comenzar las obras la empresa debe pedir ejecución de licencia, algo que no se plantea hasta el último momento por razón de plazos.