La sala de gobierno de la Audiencia Nacional será la encargada de sancionar al magistrado Baltasar Garzón como autor de una falta leve por haber incumplido los plazos legales para prorrogar la prisión provisional de dos presuntos traficantes de droga detenidos en la provincia de Cádiz con 13 kilos de heroína. Este órgano de gobierno, que preside en funciones el magistrado Carlos Lesmes, tendrá que optar entre una simple amonestación verbal -lo más probable, según las fuentes judiciales consultadas- y la imposición de una multa de 300 euros.
La comisión disciplinaria del Consejo, tras investigar la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias que se basaba en un recorte de prensa, entendió que no había causa suficiente para abrir un expediente disciplinario al magistrado y calificó los hechos como falta leve. El informe de la inspección reconoce que los 270 presos preventivos dependientes de Garzón están perfectamente controlados. También decidió enviar el expediente de la inspección a la Fiscalía General del Estado respecto de la actuación del fiscal adscrito al juzgado de Garzón, que tampoco se percató del error.
El Poder Judicial acordó el pasado octubre abrir una investigación tras recibir la queja contra el juez de la Audiencia Nacional del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que lo acusaba de negligencia.
Fallo en la identificación
Garzón ha reconocido en su informe que todo se debió a un error en la identificación de los días de detención y prisión de los dos procesados, Erdem Vardar y Sahin Eren, en las carpetillas que inician las piezas de situación de ambos.
Por ello, la comparecencia para resolver sobre la prórroga de la prisión fue celebrada el pasado 14 de julio, cuatro días después del plazo, y el juez tuvo que dejarlos en libertad. Alegó además que los máximos responsables de la organización continúan en la cárcel y que Vardar y Eren «eran simples porteadores» y comparecieron el pasado 30 de septiembre para poner de manifiesto su voluntad de someterse a la acción de la Justicia.
También indica en su escrito de alegaciones que el fiscal, que «estaba en el mismo error», en ningún momento advirtió o avisó del agotamiento del plazo. El informe de la inspección indica que «todo juez bajo cuya jurisdicción se encuentra una persona privada de libertad viene obligado a adoptar una extrema diligencia en el cómputo del tiempo de prisión, máxime cuando esta privación es de carácter provisional».
La protección del derecho fundamental a la libertad impone, subraya la inspección, un deber de «especial diligencia» al juez en el control de los plazos «que, si se infringe, debe conllevar una respuesta disciplinaria». El informe apunta que si Baltasar Garzón hubiera cumplido su deber de examinar personalmente las actuaciones, la equivocación hubiera podido ser rectificada.