La fiscalía pretende intensificar sus controles para localizar bienes entre quienes no atienden estos pagos Centrada y consolidada la acción de la fiscalía frente a la violencia en el seno de la familia, con una más que decidida intervención en los casos de malos tratos, el ministerio público trata ahora de ampliar su campo. No sólo las bofetadas son delito. Alfonso Vez pretende extender el acoso de la fiscalía en el plano económico. Localizar bienes y dinero de quienes dejan de hacer frente al pago de pensiones a sus ex-esposas e hijos, es el próximo reto. No es, de todos modos, una determinación que haya nacido en los despachos mirando para Concepción Arenal, sino que el fruto de aplicar instrucción de la Fiscalía General del Estado.
04 mar 2002 . Actualizado a las 06:00 h.El aumento de la violencia familiar es uno de los datos que aporta la memoria anual de la fiscalía en Ourense. En el año 2000, cuando la sensibilidad social se vio sacudida por este tipo de sucesos, se instruyeron 194 casos. En 2001 se superó la cifra de dos centenares. En total, 220 casos. No quiere la fiscalía quedarse ahí, en la persecución de los casos de violencia y malos tratos físicos. El próximo objetivo son los defraudadores, aquéllos que, después de una separación ignoran las obligaciones que la justicia les ha puesto para garantizar la situación de sus ex-conyuges e hijos. En más situaciones de las deseadas se producen impagos de pensiones y en la fiscalía no están dispuestos a que este tipo de delincuencia quede impune. Las cifras de 2001, con 88 procedimientos penales por impago, 26 por abandono de familia, una por abandono de niños y dos por mendicidad de menores, se verán probablemente incrementados durante los próximos meses, según se desprende del énfasis puesto por el fiscal jefe de Ourense, Alfonso Vez Pazos, a la hora de referirse a estos asuntos. La preocupación fundamental se dirige a la conveniencia de habilitar caminos para localizar el dinero y las propiedades de con que puedan contar quienes esquivan estos pagos. La colaboración con la Agencia Tributaria, y los concellos será, en este campo, fundamental para la localización de defraudadores a la hora de responder a sus obligaciones familiares.