En la Universidade de Santiago está a punto de abrirse el proceso para elegir rector. Hemos visto y leído programas, debates, apelaciones a la participación y referencias constantes a la «autonomía universitaria». Sin embargo, casi nunca se discute una cuestión previa: si el modo en que elegimos a quienes dirigen nuestras universidades gallegas ayuda a proteger esa autonomía o si, por el contrario, introduce inercias que debilitan a la universidad pública.
La autonomía universitaria se invoca como un principio irrenunciable, pero rara vez se precisa qué debe proteger ni cómo. En España, y también en Galicia, se ha identificado con la elección del rector mediante votación ponderada de los sectores universitarios, presentada como la forma «natural» de democracia interna. Sin embargo, una universidad no es solo una suma de votos, sino una institución compleja, con varios campus, miles de estudiantes y una relación con su entorno social y cultural.
Quien escribe estas líneas se considera hijo de la Universidade de Santiago: allí me formé como estudiante, trabajé como investigador e impartí docencia. Hace años participé además muy de cerca en el núcleo de dos campañas a rector. La perspectiva tras quince años como profesor universitario fuera de España es comprobar cómo dinámicas que asociamos a «la política» se reproducen en la universidad cuando el objetivo central es ganar unas elecciones internas.
La democracia no es un principio abstracto aplicable igual a todo. En una universidad pública debería servir, sobre todo, para proteger la libertad académica, la calidad del conocimiento y el servicio al interés general. Representar las sensibilidades internas es imprescindible, y para eso existen el claustro y otros órganos. Pero gobernar una universidad es otra cosa: supone tomar decisiones ejecutivas, gestionar grandes presupuestos y fijar prioridades a largo plazo. Un sistema de voto ponderado que convierte cada colectivo en un feudo de negociación tiende a mezclar ambos planos.
Quien haya seguido una campaña a rector en Galicia lo ha visto: gran parte de la energía se dedica a sumar apoyos internos, ajustar promesas y repartir cargos, más que a debatir qué universidad necesita Galicia dentro de diez o veinte años. La rendición de cuentas se orienta menos a los resultados que a mantener equilibrios entre grupos y campus. Pero la legitimidad de una universidad no nace de sus procedimientos, sino de su capacidad para servir a los futuros estudiantes, a la ciudadanía que la financia y a los territorios a los que pertenece.
Por eso, el temor a que órganos de gobierno con participación externa amenacen la autonomía universitaria es, en gran medida, un falso dilema. Actores externos ya existen, aunque no siempre se vean: influencias políticas, administrativas o de redes de poder forman parte de la vida de cualquier institución relevante. La diferencia está en si esas influencias se canalizan mediante reglas claras y transparencia. En otros servicios públicos lo aceptamos con normalidad: la dirección de un hospital o de un gran centro científico no se elige por votación de su personal, sino mediante procedimientos profesionales sometidos a evaluación.
La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario ha reforzado la autonomía formal, pero ha evitado entrar a fondo en cómo se gobiernan las universidades. Sí deja, en cambio, a cada institución margen para fijar en sus estatutos la composición y funciones de sus órganos de gobierno. En el sistema universitario gallego, esa ventana obliga a decidir si queremos seguir confiando casi todo a unas elecciones internas o apostar por una dirección más profesional, con criterios de selección claros, presencia de miembros externos y obligación de explicar públicamente qué se decide y con qué resultados.
Quizá la pregunta no sea si votar es democrático, sino qué tipo de democracia necesita una institución dedicada al conocimiento. En las próximas elecciones al rectorado de la USC, y en los debates que se abran al revisar los estatutos de nuestras universidades, convendría que la discusión no se limitase a nombres y equilibrios internos. Si de verdad creemos en la autonomía universitaria, deberíamos hablar también de las reglas de juego y de cómo la universidad gallega se gobierna a sí misma en nombre del conjunto de la sociedad.