Esta es una misa de réquiem celebrada con dos años de antelación: los que faltan para que expire formalmente la planta de Alcoa en la Mariña lucense, la única factoría de producción de aluminio primario que quedaba en España. En los próximos días comienza la sedación terminal: el apagado de las cubas de electrolisis que venían funcionando ininterrumpidamente desde que, en 1987, el pánico desatado por los bidones del Casón las paralizase durante meses. En aquel entonces, la planta estaba en manos públicas, pertenecía a Inespal, y pudo ser reactivada. Esta vez el paciente está desahuciado y el estado de coma se antoja irreversible. Salvo milagro.
Esta es también, con permiso de García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Comienza cuando Alcoa, tercer productor mundial de aluminio, revela su decisión de retirarse de España. Liquida sus fábricas de Avilés y A Coruña y, a continuación, le toca el hachazo a la planta de San Cibrao. Alega que la joya de la corona, que tan pingües beneficios le proporcionó en el pasado, «ya no es viable». Por tres razones: la carestía de la electricidad que engullen las cubas electrolíticas, la sobrecapacidad mundial en la producción de aluminio y el desplome del precio del metal en el mercado. Más recientemente, puesto que el precio del aluminio sube con fuerza, su justificación se reduce a la «ausencia de un marco energético competitivo en España». La decisión, en todo caso, estaba tomada y sigue en pie.
En octubre del ano pasado, la multinacional presentó un ERE para despedir a 524 trabajadores. Arrecian las protestas. Trabajadores y algunos partidos instan al Gobierno a comprar la factoría, a través de la SEPI, y venderla después a un tercero. Pero, en esto, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en sentencia ratificada después por el Supremo, declara nulo el ERE. Concluye que Alcoa obró de «mala fe», con el «fin único de apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible». Pírrica victoria celebrada por la ministra de Industria, Reyes Maroto, con estas palabras: «Ahora le toca a Alcoa mover ficha».
Y vaya si la movió. Con el argumento de que el fallo judicial «no altera la inviabilidad» de la planta, Alcoa se sacó de la manga su propuesta final: compromiso de mantener los salarios —no el empleo— hasta diciembre del 2023, a cambio de parar las cubas durante esos dos años. La plantilla aprobó en referendo, con un respaldo del 70 %, el coma inducido que le proponía la compañía. La sedación comenzará con el nuevo año.
El acuerdo supone un alivio o mal menor para las partes implicadas. Los trabajadores gozarán de vacaciones retribuidas durante dos años. La empresa suspende la producción y reduce drásticamente las pérdidas, que cifraba en 20 millones de dólares al mes. Y el Gobierno se sacude de encima un conflicto que enturbiaba la segunda mitad de la legislatura. Aceptado esto, no levantaré mi copa para celebrar nada. Aunque el certificado formal de defunción se aplace, Galicia y España acaban de perder una industria estratégica. Por eso anticipo el réquiem.