Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, se despidió ayer por cuarta vez del cargo. Cumplió el trámite. Recordó que alguien, tal vez el sursuncorda, está incumpliendo la Constitución al postergar la renovación del Consejo. Consideró probablemente que no estaba bien señalar con el dedo, aunque no se privó de hacerlo al referirse a los indultos del procés: una «injerencia» del Gobierno. Una píldora de reconocimiento al partido que lo avaló en su día y el que, bloqueo mediante, garantiza su continuidad sine die. ¿Dimitir para forzar la renovación? Están ustedes de coña, señores jueces progresistas.
Carlos Lesmes, hombre precavido, ya habrá comenzado a preparar el discurso de su quinta despedida. Será en septiembre del año que viene, Dios mediante. Lleva más de mil días en funciones, como todo el gobierno de los jueces que, por imperativo constitucional, debe ser renovado cada cinco años. La Constitución puede decir misa, pero la renovación tendrá que esperar, me temo, a que la derecha gane las elecciones. Entonces sí, con la aquiescencia de los incautos socialistas, el PP cambiará a Lesmes y a sus vocales para que nada cambie. Para mantener su confortable posición e intentar controlar «por la puerta de atrás», como se le escapó en su día a su portavoz en el Senado, a la Justicia independiente.
Pablo Casado lo ha dejado meridianamente claro: «No vamos a renovar el Consejo del Poder Judicial. Abandonen toda esperanza». Esta vez, pese a la reconocida fama de veleta del líder del PP, le creo. Por una razón de peso: el obstruccionismo tiene, en términos de interés de partido, un coste mínimo y unos hipotéticos beneficios máximos. A mis vecinos del barrio, pendientes de la tercera dosis de la vacuna, preocupados o esperanzados por la marcha del empleo o del negocio familiar, soliviantados por la subida del recibo de la luz, les trae al pairo esto de la renovación del Consejo y los tejemanejes políticos que suscita. Tampoco el CIS ha detectado que el deterioro institucional o el flagrante incumplimiento de la Constitución sea uno de los asuntos que quiten el sueño a los españoles. En contraste, mantener la aplastante mayoría conservadora en el Consejo y en determinadas salas del Supremo constituye un balón de oxígeno para la derecha. Basta observar la nutrida nómina de casos de la agenda judicial. Los asuntos propios del PP, corrupción sobre todo, y los recursos de PP y Vox que pueden poner en un brete al Gobierno. Y esto nada tiene que ver con la independencia del juez, que se le presupone, sino con su ideología. El recurso contra la ley del aborto, por ejemplo: ¿Será igual el fallo de un juez conservador que el de un juez progresista?
Si eso es así, y abofé que no debo andar desencaminado, solo cabe pedir al PP que nos ahorre la infumable ristra de excusas que insultan la inteligencia. Dígase de una vez: bloqueamos la renovación porque no tiene coste y a nosotros nos conviene. Y añádase en su estilo: la crisis institucional ya la superaremos cuando alcancemos el Gobierno.