El proyecto de ley recoge que si la mujer se niega a recibir esta práctica el médico está obligado a no realizar la interrupción del embarazo y a dejar por escrito los hechos en el historial clínico de la paciente
Tendrá que pagar 720 euros de multa por interrumpir el proceso a las 27 semanas ingiriendo unas pastillas. Ella lamenta el trato recibido en el hospital y acepta su responsabilidad
La edil Marisa Ponga reclama que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres «no dependan de coyunturas políticas»
Un tribunal inferior de apelaciones había ordenado que el medicamento solo pudiera dispensarse de forma presencial en clínicas y hospitales
El texto continúa ahora su tramitación parlamentaria y requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado. El Gobierno también ha recibido las críticas de sus socios por esta iniciativa
El grupo vigués de los ochenta se reúne para celebrar en su casa cuarenta años de «pornopop»
El dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias determina que quedó «constatado que no se pusieron a disposición de la paciente todos los medios diagnósticos adecuados al estado gestacional y a la clínica que presentaba»
El proyecto de ley, que necesita una amplia mayoría en el Congreso y el Senado, busca «proteger» el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública
La Fiscalía pide 3.600 euros de multa para ella al apreciar que tomó unos medicamentos para interrumpir el embarazo después de que los sanitarios le dijesen que no había ya posibilidad de hacerlo por la vía legal
Saavedra asegura que el derecho al aborto en Asturias «está garantizado» y el texto sigue su tramitación administrativa
La Fiscalía reclama para la acusada 20 meses de multa y el abono de las costas procesales, mientras la defensa solicita la libre absolución
La Consellería de Sanidade ha aceptado la resolución judicial tras la demanda presentada por una barbanzana
La propuesta del Gobierno plantea añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
Desde el hospital de Barbanza nadie informó a la demandante de que su dispositivo formaba parte de un lote irregular y la Xunta deberá indemnizarla con más de 30.000 euros
