Balas sobre Madrid

Roberto Blanco Valdés
roberto l. blanco valdés EL OJO PÚBLICO

OPINIÓN

Jesús Hellín

25 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

La política libre y democrática es totalmente incompatible con las extorsiones y amenazas. También lo es el ejercicio de la ciudadanía en cualquier sociedad civilizada. Por eso, las cartas amenazantes recibidas por el ministro del Interior, la directora de la Guardia Civil y el líder de Podemos suponen un salto cualitativo en el ambiente infecto que domina desde hace años la política nacional y, en algunos casos, la local y regional. 

Una cosa es decir barbaridades (y en España, desde la extrema izquierda, la extrema derecha y el nacionalismo, se dicen a diario, sin calibrar jamás las devastadoras consecuencias que pueden tener en la convivencia colectiva) y otra muy distinta, e inadmisible, verter amenazas de muerte en una carta con balas dentro, dirigida a amedrentar al candidato de un partido.

Una cosa es hacer barbaridades desde el Gobierno, que tiene la obligación de garantizar tanto el Estado de derecho como los estándares de un sano Estado democrático (la última, y absolutamente insólita, la descarada utilización del BOE por el Ejecutivo de Sánchez para criticar impúdicamente, en el preámbulo de una ley, al partido que, gobernante cuando esa norma se aprobó, está hoy en la oposición), y otra absolutamente incomparable, por su extrema gravedad, exigir bajo amenazas, de nuevo en misivas acompañadas de cartuchos, la dimisión del ministro de Interior y la directora general de la Guardia Civil de un Gobierno democrático.

La utilización de la violencia -y las amenazas y extorsiones son, sin duda, una forma de violencia- superan el límite infranqueable entre las diferencias políticas, por muy grandes y aun irreconciliables que aquellas puedan ser, y la barbarie pura y simple. Por eso, yo, que he criticado en esta columna a Iglesias, y al Gobierno, cada vez que honestamente he creído que esa era mi obligación, en coherencia con el inmenso privilegio que supone escribir periódicamente en un diario de la importancia de La Voz, quiero hoy, con idéntica claridad, solidarizarme con los amenazados y decir en voz bien alta que quien o quienes han decidido intimidarlos son unos cobardes y unos miserables, que solo merecen que todo el peso de la ley caiga cuanto antes sobre ellos. Y por eso es inexplicable una reacción como la de Vox, que se ha atrevido a proclamar, sin prueba alguna, la supuesta falsedad de las amenazas.

Para el juez Marlaska, que ha sufrido durante años las procedentes de ETA, no constituyen ninguna novedad. Sí lo son, sin embargo, para Iglesias, que quizá comprenda ahora lo extraviado que estaba en el pasado, cuando defendía a Otegi y a HB en sus años universitarios, y lo errado que sigue ahora, al insistir en que Bildu debe ser uno de los partidos de la mayoría de Gobierno. Porque esas «graves amenazas contra su vida y la de su familia» que Iglesias denuncia con toda la razón son una pálida sombra de las que realizaron durante décadas contra cientos de miles de personas los que el líder de Podemos considera, políticamente, sus amigos y aliados.